Elena, limpiadora española de 56 años, obligada a trabajar en silla de ruedas: "Si no voy, me echan"

La pensión por incapacidad permanente está diseñada para garantizar un ingreso y una protección social a quienes, por causas de enfermedad o accidente, quedan incapacitados de forma duradera para desarrollar su actividad laboral o cualquier trabajo remunerado. En España, más de un millón de personas reciben estas prestaciones a fecha reciente.

Aunque estas cifras puedan parecer elevadas desde el punto de vista cuantitativo, existe un fenómeno paralelo: un grupo importante de trabajadores y trabajadoras ve denegadas sus solicitudes de incapacidad permanente, a pesar de sufrir dolencias que limitan gravemente su vida cotidiana y su capacidad laboral.

Una de estas personas es Elena Escudero, limpiadora en Pamplona, que a sus 56 años ha recibido una denegación por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y se ha visto obligada a volver a su puesto de trabajo en silla de ruedas.

El caso de Elena y la incapacidad

La incapacidad permanente es una figura reconocida oficialmente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Existen distintos grados de incapacidad que van desde la incapacidad permanente parcial hasta la absoluta y la gran invalidez, cada uno con consecuencias económicas y laborales distintas.

Elena Escudero es una de las trabajadoras que ha intentado acceder a esta protección sin éxito. Comenzó a trabajar con tan solo 15 años y lleva 29 años dedicada al sector de la limpieza, la mayor parte de ellos en centros escolares de Pamplona.

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Durante décadas llevó una vida activa, practicando deporte y disfrutando de actividades al aire libre, hasta que en 2020 su vida dio un giro radical tras un proceso vírico que derivó en síndrome de fatiga crónica.

A este diagnóstico se sumaron posteriormente la fibromialgia y un trastorno funcional del movimiento de las piernas, un cuadro clínico que la ha convertido en una persona totalmente dependiente.

Desde hace cuatro años necesita una silla de ruedas para salir a la calle y un andador para desplazarse por su vivienda. "Soy totalmente dependiente y, si no fuera por mi marido, estaría en una residencia", aseguró a Telecinco.

A pesar de contar con un 49% de discapacidad reconocida, Elena no ha conseguido que se le conceda la incapacidad permanente. Lejos de ello, el pasado mes de julio el INSS le comunicó el alta médica y, por ende, su vuelta al trabajo.

Tras agotar sus vacaciones, se ha visto obligada a reincorporarse a su puesto como limpiadora en el colegio Mendillorri de Pamplona.

Su jornada comienza a las 17:00 horas y se prolonga durante cuatro horas en las que debe realizar tareas físicamente exigentes: limpiar 16 retretes, fregar escaleras, pasar la mopa por pasillos y aulas y empujar un carro de limpieza cargado con cubos de agua de hasta 15 litros, todo ello desplazándose en silla de ruedas.

"Yo no puedo", confiesa Elena, consciente de que su cuerpo no responde y de cómo su día a día se ha convertido en un esfuerzo constante de supervivencia.

Explica que, si permanece sentada durante tres horas, necesita al menos otras dos acostada para recuperarse del agotamiento extremo que le provoca la fatiga crónica. "Mi vida se reduce a ir de la cama al sofá y del sofá a la cama", lamenta.

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Pese a ello, la alternativa a acudir al trabajo es el despido. "Si no voy, me echan", resume, por eso reconoce que acudirá a su puesto este primer día, aunque sabe que no podrá sostener esa situación en el tiempo.

Su única salida inmediata pasa por solicitar una excedencia de tres meses, un periodo en el que no percibirá salario alguno, con la esperanza de que durante ese tiempo pueda volver a obtener una baja médica.

¿Por qué se puede denegar una incapacidad permanente?

La incapacidad permanente se concede cuando la persona solicitante puede demostrar que un diagnóstico médico riguroso, junto con la valoración funcional de las lesiones o enfermedades, impide de forma significativa la realización de sus tareas laborales habituales.

Sin embargo, el procedimiento administrativo es complejo y técnico, y muchas solicitudes resultan denegadas o archivadas en fases tempranas por cuestiones formales, falta de documentación médica suficiente o criterios de evaluación estrictos.

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De acuerdo con expertos en la materia, hasta un 95% de las solicitudes pueden terminar siendo archivadas o rechazadas en la fase administrativa, lo que obliga a los trabajadores a iniciar recursos y reclamaciones en tribunales para intentar revertir la decisión.

Esto se traduce en una situación en la que, aunque haya una necesidad médica clara, la persona puede no acceder a la prestación por incapacidad permanente por razones procedimentales o por una interpretación estricta del grado de incapacidad.

Además, existen criterios de valoración médica y legal que distinguen entre incapacidad total para la profesión común, incapacidad absoluta para cualquier trabajo y gran invalidez, cada uno con requisitos y consecuencias diferentes.

En algunos casos, si la dolencia no se considera lo suficientemente grave para impedir cualquier tipo de actividad remunerada —aunque sí limite la actividad habitual— el reconocimiento puede ser parcial o directamente denegado, dejando a la persona en una situación de vulnerabilidad.