Samanta, agricultora, en el videopódcast Agrolife.
Samanta, agricultora: "Te obligan a pagar la cuota de autónomos, pero si te pones malo la sanidad pública no responde"
Las asociaciones calculan que más del 70 % de los autónomos consideran excesivas sus cotizaciones en relación con la cobertura que reciben.
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España es uno de los grandes países agrícolas de la Unión Europea. Cerca de 800.000 personas están afiliadas al sistema agrario y alrededor de 300.000 trabajan como autónomos, en un sector clave para el abastecimiento alimentario y las exportaciones, con territorios como Almería como referencia internacional.
Sin embargo, esta relevancia económica convive desde hace años con unas condiciones laborales que muchos agricultores consideran precarias. Jornadas interminables, imposibilidad de cogerse días libres y una dependencia absoluta de los tiempos de producción que hacen que cualquier imprevisto tenga un impacto directo en el sueldo mensual.
A esta realidad se suma el pago de la cuota de autónomos, que incluye la aportación obligatoria a la Seguridad Social. Muchos agricultores, como Samanta, denuncian que, pese a cotizar cada mes, la cobertura sanitaria no responde cuando la necesitan, ya que las listas de espera se hacen interminables.
La cuota de autónomos en España
En España, los trabajadores por cuenta propia están obligados a pagar cada mes la cuota de autónomos, una cantidad que constituye íntegramente su cotización a la Seguridad Social.
Desde la reforma del sistema de cotización por ingresos reales, la cuota se calcula en función de los rendimientos netos declarados, aunque en la práctica muchos pequeños agricultores se sitúan en los tramos más bajos.
En estos casos, la cuota mínima ronda actualmente entre 230 y 300 euros al mes, lo que supone un desembolso anual de más de 3.000 euros incluso en periodos en los que los ingresos son irregulares o inexistentes, una circunstancia habitual en el sector agrario.
Esta cotización da derecho a la asistencia sanitaria pública, a prestaciones por incapacidad temporal, a la jubilación y, en algunos casos, al cese de actividad. No obstante, numerosos agricultores denuncian que la cobertura es insuficiente para su realidad.
Así lo ha explicado Samanta, una agricultora de Almería, en el videopódcast Agricultura Sostenible. Según relata, las listas de espera en la sanidad pública, especialmente para intervenciones quirúrgicas o pruebas especializadas, son "inviables".
No se trata únicamente de una cuestión de salud o de que la dolencia empeore mientras llega la cita médica. En el sector agrario, los tiempos de espera chocan frontalmente con la imposibilidad de detener una explotación durante meses, y una ausencia prolongada puede comprometer toda una campaña.
Samanta, agricultora, en el videopódcast Agrolife.
En el caso de Samanta, ella confiesa que no puede permitirse esperar meses y la prestación económica por incapacidad temporal apenas cubre una parte de los gastos y, en ningún caso, le permitiría contratar a un trabajador que la sustituyera.
Desde su punto de vista, el sistema está diseñado de tal forma que empuja a la desaparición de las pequeñas explotaciones, favoreciendo que solo sobrevivan las grandes. "Los peces grandes se comen a los pequeños", afirma.
El malestar no es un caso aislado. Las asociaciones de autónomos estiman que más del 70 % de los trabajadores por cuenta propia consideran excesiva la cantidad que destinan cada mes a cotizaciones sociales en relación con los servicios que reciben.
A lo largo de un año, un pequeño agricultor como Samanta puede destinar entre 3.000 y 4.000 euros únicamente a cotizaciones a la Seguridad Social, una cantidad que se aplica de forma prácticamente uniforme, independientemente del tamaño de la explotación o del volumen de producción.
Samanta gestiona su propia explotación agrícola en Almería, donde cultiva calabacín en un invernadero de 4.000 metros cuadrados y, según relata, paga la misma cuota "que agricultores con explotaciones de más de una hectárea", pese a que los beneficios económicos no son comparables.
La agricultora considera que el sistema no tiene en cuenta la realidad de los pequeños productores y que penaliza especialmente a quienes intentan sobrevivir con explotaciones modestas.
