Gisela, economista, sobre el salario mínimo en España: "Los que cobran 1.100 euros no deberían pagar impuestos"

Según estimaciones de sindicatos y datos de diferentes informes, entre 2,3 y 2,5 millones de trabajadores en España reciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, un sueldo de 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas y un total anual de 16.576 euros brutos.

A pesar de que su carga fiscal es reducida, quienes cobran el SMI también están sujetos a ciertos impuestos, como las cotizaciones a la Seguridad Social, el IVA o, incluso, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aunque solo un 20% de la población con rentas más bajas lo abona tras la última reforma fiscal del Gobierno.

Esto quiere decir que a alguien que cobra el SMI en España puede tener un sueldo neto de 1.050 euros mensuales. ¿Deberían, entonces, pagar impuestos? La economista Gisela Turazzini sostiene que no. Desde su perspectiva, el Estado genera todos los meses una "injusticia fiscal" que castiga tanto a los que más ganan como a los que menos tienen.

Los impuestos en el SMI

Según la OCDE, los españoles destinan cerca del 40% de su salario bruto a impuestos y cotizaciones. Esta cifra engloba no solo el IRPF, sino también las contribuciones a la Seguridad Social y los impuestos indirectos, como el IVA, que afectan al consumo diario.

Es precisamente este motivo el que hace que los impuestos, la carga fiscal y la justicia del sistema vuelvan una y otra vez a ser el debate por excelencia de los expertos. En este caso, la economista y CEO del banco de inversión Blackbird Bank, Gisela Turazzini, ha puesto el foco durante un debate de laSexta Xplica en uno de los grupos más perjudicados: los trabajadores que perciben el SMI.

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A su juicio, las personas que cobran el sueldo mínimo interprofesional no deberían pagar impuestos. Este salario, de 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas, apenas garantiza cubrir las necesidades básicas, y mucho menos en 2025.

Para muchos trabajadores, las retenciones del IRPF, aunque pequeñas, reducen aún más su capacidad de consumo, afectando directamente a su economía. "Se está creando una injusticia fiscal", sostiene Turazzini, al considerar que las cargas tributarias no están adaptadas a la realidad de quienes viven con los salarios más bajos.

En términos económicos, eximir a quienes cobran el salario mínimo de tributar implicaría una reducción de la base impositiva, lo que podría tener un impacto en la recaudación del Estado.

Sin embargo, la economista no aboga por una bajada generalizada de impuestos, sino por una reforma estructural del modelo fiscal y una mejor gestión de los recursos existentes.

La economista subraya que España "no es un país de rentistas ni de grandes empresarios", sino de trabajadores y autónomos que, en su opinión, "están siendo estafados".

Denuncia que el sistema actual penaliza el esfuerzo y desincentiva el ahorro y la inversión, elementos fundamentales para el crecimiento económico. "El Estado no se preocupa por ellos", insiste, recordando que muchas de las políticas fiscales actuales dificultan la acumulación de capital y la movilidad social.

De hecho, la propia economista defiende los impuestos y cree que no deberían reducirse, puesto que gracias a ellos pagamos bienes y servicios públicos y, sobre todo, "mantenemos el sistema de reparto", es decir, las pensiones.

Económicamente, las pensiones representan la mayor partida del presupuesto público y son un motor de la economía, con un impacto significativo en el PIB y el empleo. Su relevancia social se debe a que garantizan una vida digna después de la jubilación y reducen la pobreza.

Para ella, la clave no está en reducir la contribución, sino en garantizar que el dinero recaudado se emplee de forma eficiente y en beneficio real de los ciudadanos.