Arantza Busto, detective privada, en una entrevista para La Sexta.

Arantza Busto, detective privada, en una entrevista para La Sexta.

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Arantza Busto, detective privada, sobre las bajas laborales: "Alrededor del 80% presentan indicios de fraude"

En 2023 y 2024, las bajas por enfermedad común alcanzaron cifras récord, con millones de procesos abiertos a lo largo del año.

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El número de bajas laborales en España se ha disparado en la última década. Los datos oficiales muestran un incremento sostenido tanto en la incidencia de incapacidades temporales como en su duración media, una tendencia que se aceleró tras la pandemia y que ha situado al país en máximos históricos de absentismo laboral.

Este aumento tiene un impacto directo en la economía. Las empresas asumen los costes organizativos y parte del salario durante los primeros días de baja, mientras que la Seguridad Social afronta un gasto creciente en prestaciones. Según las estimaciones, el coste total del absentismo se sitúa en decenas de miles de millones de euros anuales.

Sin embargo, más allá del debate sobre la salud de los trabajadores y las condiciones laborales, muchos expertos han expresado inquietud por la veracidad de una parte de estas bajas. Estas sospechas no solo proceden de las empresas, sino también de profesionales especializados en la detección de irregularidades, como los detectives privados. Una de ellas es Arantza Busto.

El problema del absentismo en España

La legislación española reconoce la incapacidad temporal como una prestación destinada a proteger al trabajador cuando una enfermedad o accidente le impide desempeñar su actividad laboral. Durante ese periodo, el empleado está obligado a seguir las indicaciones médicas y a no realizar actividades incompatibles con su proceso de recuperación.

El sistema se basa, en gran medida, en la buena fe del trabajador y en los controles médicos, aunque las mutuas y las empresas pueden actuar cuando existen sospechas fundadas de abuso.

En los últimos años, los empresarios han intensificado sus reclamaciones ante lo que consideran un uso fraudulento de las bajas laborales. Alegan que el incremento no puede explicarse únicamente por un empeoramiento de la salud de la población activa y reclaman más mecanismos de control.

En este contexto, la contratación de detectives privados se ha convertido en una herramienta cada vez más habitual para verificar comportamientos que podrían vulnerar la normativa.

Arantza Busto, detective privada y directora ejecutiva de Investigaciones Privadas NOR, ha abordado esta cuestión en una entrevista en La Sexta, donde ha afirmado que "en alrededor de un 80% de los casos" que investiga existen, como mínimo, "indicios de fraude" por parte del trabajador.

Según explica, las investigaciones se inician siempre a petición de la empresa y tras comprobar que existe un interés legítimo que justifique el seguimiento. En su caso, los encargos que recibe su despacho son variados: bajas esporádicas que coinciden con fines de semana prolongados o vacaciones, hasta situaciones más complejas vinculadas a incapacidades de larga duración.

Imagen de ilustración de una mujer enferma.

Imagen de ilustración de una mujer enferma.

No obstante, Busto subraya que son estas últimas las que generan mayor preocupación, tanto por el impacto económico acumulado como por la gravedad de las conductas detectadas en algunos casos.

De acuerdo con la detective, el fraude más flagrante se produce cuando una persona que percibe una incapacidad temporal está desarrollando otro trabajo de manera simultánea.

Se trata de una conducta claramente incompatible con la prestación, ya que el trabajador ha alegado una imposibilidad para desempeñar su empleo habitual mientras realiza otra actividad, en ocasiones físicamente exigente.

"Han alegado un daño físico y la actividad que están haciendo es totalmente incompatible con el mal que dicen tener", explica Busto, quien añade que este tipo de situaciones suelen quedar rápidamente en evidencia durante las investigaciones.

La visibilidad de estos casos facilita el trabajo de los detectives. Según Busto, muchos investigados no adoptan medidas para ocultar su comportamiento, lo que permite documentar con rapidez actividades incompatibles con la baja médica.

"Normalmente, las personas no se cuidan mucho, afortunadamente para nosotros", señala, en referencia a la facilidad con la que se obtienen pruebas audiovisuales que después pueden presentarse ante un juez.

No obstante, las empresas no recurren a la investigación privada de manera automática. La decisión suele estar precedida por sospechas reiteradas, como historiales de bajas recurrentes o comportamientos previos que hacen dudar de la buena fe del trabajador.

Busto describe perfiles de empleados que "cogen la baja casi de forma profesional", encadenando periodos de incapacidad que despiertan alertas en los departamentos de recursos humanos.

Pese a la contundencia de sus declaraciones, la detective insiste en que no se puede generalizar. Subraya que la mayoría de los trabajadores utilizan la baja laboral de forma legítima y que su labor se centra únicamente en aquellos casos en los que existen indicios claros de irregularidad.

"No todos los trabajadores que están de baja hacen fraude, por supuesto", recalca, para evitar que se estigmatice a quienes realmente atraviesan problemas de salud.

En otra intervención televisiva, en el programa La Roca, Busto ha detallado en qué situaciones es legítimo contratar a un investigador privado.

Explica que, una vez verificado el interés legítimo del empresario, su trabajo consiste en realizar seguimientos y labores de vigilancia con el objetivo de elaborar un informe objetivo que pueda convertirse en prueba judicial. En muchos casos, asegura, "en el segundo día nos solemos dar cuenta de si hay indicios de fraude o no".

La casuística con la que se encuentra es amplia, aunque el patrón más habitual vuelve a ser el de trabajadores de baja que desempeñan otra actividad, a menudo en la economía sumergida.

No obstante, Busto relata haber presenciado situaciones extremas que evidencian un uso abusivo del sistema. Entre ellas, destaca el caso de una persona que acudió a un juicio para solicitar una incapacidad permanente en silla de ruedas, mientras que la investigación había documentado en vídeo varios minutos caminando con normalidad.