Valeria, sindicalista, sobre las personas que tienen dos o más viviendas en España: "Tendrían que pagar más impuestos"

Según un estudio basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa, los españoles dedican de media el 47% del sueldo a pagar el alquiler en 2024, un aumento de cuatro puntos porcentuales con respecto a 2023.

Esta cifra representa el porcentaje más alto desde 2019 y supera con creces el 30% que recomiendan los expertos como máximo. Las causas de este aumento son diversas, aunque hay una que se repite en cada debate: la creciente especulación en el mercado inmobiliario.

Según expertas como Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, la vivienda ha pasado de ser un bien de primera necesidad a convertirse en un activo de inversión que se acumula y gestiona con fines lucrativos. "Hemos normalizado pagarle la hipoteca a otra persona solo porque tiene más casas de las que necesita para vivir", denuncia.

La doble vivienda en España

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 3 millones de españoles tienen una segunda vivienda. En los municipios de más de 500.000 habitantes, cerca del 25% de la población dispone de esa segunda residencia. En los de menos de 50.000, esa cifra baja hasta el 13,6%.

Las cifras son altas y muestran una tendencia en alza: cada vez más españoles invierten en inmuebles. Como consecuencia, explica Valeria, el mercado de la vivienda se enfrenta a una subida constante de precios, a una escasez de ofertas asequibles y a una creciente exclusión residencial.

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"Hay muchísima vivienda que no se está utilizando bien", insiste la sindicalista. No se trata solo de pisos vacíos o abandonados, sino también de aquellos que se alquilan por habitaciones, se destinan a fines turísticos o se mantienen como inversión mientras miles de jóvenes no pueden emanciparse.

Ella misma ha vivido esa situación. Hace apenas tres años, cobraba 750 euros al mes y pagaba 350 por una habitación. Esa "frustración", cuenta, fue el punto de partida de su implicación en el Sindicato de Inquilinas.

El otoño pasado, su voz se multiplicó en las calles. Miles de personas, convocadas por el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones, gritaron al unísono "la vivienda es un derecho, no un negocio".

Desde entonces, Valeria se ha convertido en una figura habitual en los debates sobre vivienda. Su discurso se centra, principalmente, en "detener toda la especulación, bajar los alquileres y pararle los pies al rentismo".

"Hoy en día, el 80 % de la población está a favor de regular los precios. Da igual el partido al que vote", explica al medio citado. "Es la preocupación más grande para la población española", confirma.

Como ella, son muchos los jóvenes en España que ven imposible la compra de una vivienda e, incluso, la emancipación. Según datos recientes, alrededor del 82% de los jóvenes de 16 a 29 años no puede emanciparse debido a los altos precios de la vivienda y los bajos salarios, lo que significa que unos 4,5 millones viven con sus padres.

Sin embargo, el problema no es solo para este sector de la población. Según datos de Ipsos, en el año 2019, el 66% de los españoles declaraba no poder permitirse comprar la vivienda en la que residía. En la actualidad, se estima que el 76.5% de los compradores potenciales no pueden acceder a una vivienda.

Para Valeria, la solución no se trata de atacar la propiedad privada, sino de corregir los excesos de un modelo que ha convertido un derecho en un privilegio. "No es normal que gente que tiene más casas de las que necesita haga negocio con nuestras vidas", apunta, recordando que la oferta de alquiler se encuentra, hoy por hoy, secuestrada.

Por eso, son muchas las sindicalistas que defienden una penalización para las personas con dos o más viviendas: no como castigo, sino como una forma de redistribuir el uso de la vivienda y desincentivar la acumulación especulativa. "Las casas están para vivir, no para ganar dinero", resume.

La portavoz también ofrece otra solución y es compartir la preocupación con nuestro entorno: "Hay que empezar a hablar, ya no solo de que estamos frustradas, sino de que esto no tiene sentido y lo tenemos que cambiar", denuncia.