Las benzodiacepinas llevan años colándose de forma masiva y silenciosa en muchas casas y están provocando un problema que preocupa cada vez más a los profesionales y al propio sistema de salud.

No hay cifras oficiales, pero los expertos apuntan a que los patrones son homogéneos en todo el país y, en base a ellos, no es arriesgado afirmar que uno de cada diez malagueños recurre cada día a estos medicamentos que forman parte del grupo de los hipnosedantes y que suelen ser prescritos para la ansiedad o para dormir mejor por su efecto ansiolítico, hipnótico y relajante muscular.

España es el país del mundo donde más se consumen. Según datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), cerca de 110 dosis cada día por cada 1.000 habitantes en comparación con las 0,04 de, por ejemplo, Alemania.

El vocal del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Oriental, Bartolomé Marín, apunta a que hay un aumento continuado del consumo “desde hace unos 18 años”. El Ministerio de Sanidad lleva desde entonces publicando una serie de encuestas sobre alcohol y otras drogas (Edades) que permiten constatar que el porcentaje de personas de entre 15 y 64 años (a las que se limita el estudio) que usa estos medicamentos se ha triplicado. Sin embargo, otros informes señalan que el grueso de ciudadanos que los consumen tienen más de 65 años, por lo que el incremento real quedaría muy por encima.

Además, existe un “efecto de género”, según explica Marín. Siete de cada diez personas que los ingieren son mujeres, primero porque “es más fácil que ellas acudan a sus médicos de Atención Primaria a hablar de sus problemas” y, segundo, porque han de lidiar a partir de los 40 con varios condicionantes que le afectan a su estado de ánimo (desde la menopausia hasta al abandono de sus hijos).

FALTAN PSICÓLOGOS

A todo ello, hay que sumar recientemente el efecto de la pandemia, que “ha sacado a la luz la fragilidad de la salud mental de la sociedad y ha provocado que la tendencia vaya a más”, según Marín, para quien el verdadero problema es el modelo de atención sanitario que se ha implantado en España y que prima el abordaje biológico en todos los cuadros clínicos. Y eso es, a su vez, consecuencia de “la falta de disponibilidad de psicólogos en Atención Primaria”.

De hecho, según explica el experto en neuropsicología, las benzodiacepinas “no son un tratamiento de primera elección, sino alternativo para casos concretos”. “La primera prescripción para estos cuadros médicos son los tratamientos psicológicos y, en caso de que estos no funcionen, se recurre a estos medicamentos, pero en España lo hacemos al revés. Si no hay psicólogos, al médico de familia no le queda más que recetar fármacos y una vez que los pacientes comienzan con el tratamiento tampoco hay alternativa porque se perpetúa, se genera dependencia y, lo que es más importante, no se soluciona el problema”, argumenta.

Según datos del Defensor del Pueblo, en enero de enero 2022 había en Andalucía 3,5 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. En Málaga, en el primer trimestre de 2021, había 50 psicólogos y 101 psiquiatras disponibles en la cartera de la sanidad pública, es decir, en torno a tres psicólogos y seis psiquiatras por cada 100.000 habitantes. De media, según la demanda de entonces, cada profesional tenía que ocuparse de unas 283 personas.

Si no hay psicólogos, al médico de familia no le queda más que recetar fármacos

Bartolomé Marín, vocal del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Oriental, 

El problema de este método de abordar los cuadros clínicos que llegan a las consultas provoca también que muchas circunstancias que no son patológicas sino situaciones vitales sean etiquetadas erróneamente como trastornos de ansiedad o insomnio y acaben siendo tratadas con psicofármacos.

En este punto, Marín subraya también la posibilidad de abordar “otras alternativas de prevención”, como trabajar la adaptación a problemas de la vida, la gestión de emociones negativas o los cambios vitales. Aunque esto, lamenta, también “está olvidado”.

EL SAS ACTÚA

Sea como fuere, en el sistema sanitario también empiezan a sonar las señales de alarma ante el incremento del consumo de estos tratamientos, como demuestra el hecho de que la Junta de Andalucía haya puesto en marcha un proyecto de educación sanitaria para disminuir su uso, impedir el abuso y revertir la dependencia en los pacientes.

Hace un año lanzó de forma experimental 'Benzostop Juntos: Vivir sin tranquilizantes es posible' y, tras analizar los primeros resultados, acaba de extenderlo a todos los centros sanitarios de la comunidad autónoma, desde los hospitales hasta los distritos de Atención Primaria.

El proyecto parte de la evidencia que varios estudios han arrojado sobre la eficacia de la educación sanitaria y que sugieren que uno de cada 3-5 pacientes deja de consumir estos medicamentos. Estos números están algo por encima de los que han arrojado la experiencia piloto, que en Málaga se ha desarrollado en el centro de salud de Álora y el de la barriada de La Trinidad, en la capital.

En el primer caso, entre junio de 2022 y diciembre de ese año, se consiguió reducir un 1,1% el consumo de estos tranquilizantes respecto al año anterior. En el caso de La Trinidad, la bajada desde en marzo hasta final de año fue del 1,95%, según aseguran desde el Servicio de Farmacia de Atención Primaria de Málaga-Guadalhorce, encargado de coordinar el proyecto.

Lo que hicieron y ahora van a desplegar por toda Andalucía fue una estrategia de coordinación en todos los sectores sanitarios que forman parte de cadena de atención al paciente, desde su médico de cabecera, hasta los servicios sociales, la enfermería o la farmacia.

“Se organizaron formaciones conjuntas para médicos, enfermería y los farmacéuticos de la zona en las que se explicaron la campaña y cómo llevarla a cabo para reforzar un mismo mensaje y generar un círculo cuyo centro es el paciente”, explica Francisco Criado, vicesecretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, una de las entidades participantes en la iniciativa.

PACIENTES CRÓNICOS

La población diana del proyecto han sido los pacientes crónicos, aquellos que consumen este tipo de medicamentos más allá de las cuatro semanas recomendadas. Según Criado, en muchos casos aparece “el miedo a dejarlo porque piensan que van a volver al estado anterior y siguen consumiéndolos”. A ellos, añade, en el marco del proyecto se les informa de que “hay alternativas sin efectos secundarios o que hay que dejarlo poco a poco para evitar ese efecto rebote”. “Es informar al paciente de qué significa su uso, que a veces lo banalizamos demasiado”, asevera.

Marín constata la dificultad de abandonar este tipo de tratamientos y subraya, además, que a partir de las 4-6 semanas de uso no solo no generan beneficio alguno para el paciente, ya que “los síntomas se mantienen”, sino que, además, provoca “efectos cognitivos terribles”. “Acaba destrozando la memora y reduciendo a mínimos la capacidad aprendizaje”, asegura.

Por eso, este experto insiste en la necesidad de abordar este problema desde la base, desde que una persona acude a su médico de cabecera y le habla de que no puede dormir o siente síntomas compatibles con la ansiedad. No solo para romper la tendencia alcista en el consumo, sino “porque no resolvemos los problemas de salud mental, con el coste económico y de calidad de vida que provoca”, concluye.