Cámaras, multas y 70 horas de trabajo: así explotaban a migrantes en un supermercado mayorista de Torremolinos

La explotación estaba escondida a plena luz del día, detrás de la fachada discreta de un supermercado mayorista de Torremolinos. Allí, en una nave industrial que funcionaba como almacén y punto de reparto, varios migrantes en situación irregular eran obligados a trabajar jornadas interminables por un salario que ni siquiera alcanzaba el mínimo legal.

Dormían en las propias instalaciones, en colchones improvisados, y vivían sometidos a amenazas de multas si faltaban a su puesto, incluso estando enfermos.

La Policía Nacional ha detenido al responsable del establecimiento, un hombre que, según los investigadores, aprovechaba la vulnerabilidad de sus víctimas para mantenerlas en condiciones indignas y sin contrato.

La operación, desarrollada con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Málaga, ha destapado un caso de explotación laboral que llevaba meses gestándose en silencio.

La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) recibieron información que apuntaba a prácticas abusivas en este negocio dedicado a la venta de alimentación, bebidas, productos de droguería y reparto a domicilio. Todo indicaba que varios trabajadores sudamericanos, sin documentación en regla, estaban siendo explotados bajo presión y sin derechos.

Las diligencias de investigación condujeron al establecimiento en cuestión, que ya había sido objeto de inspección en 2023 por mismos motivos y con resultado positivo -en aquel momento se localizaron a cuatro trabajadores sin permiso de trabajo y en situación irregular-.

En la actualidad, con esta nueva operación, los agentes identificaban a una plantilla de 12 empleados, de los cuales la mitad estaba en situación irregular en el país. Supuestamente el empresario del establecimiento, de 63 años, se aprovechaba de su situación de vulnerabilidad para explotarlos laboralmente.

Entre las conclusiones a las que llegaron los investigadores destaca que, las víctimas eran sometidas a jornadas abusivas, alcanzando en algunos casos las 70 horas semanales, cifra muy lejana a las 40 horas máximas legales en España.

Continuando con las pesquisas, el concepto de hora extra directamente no existía para estos trabajadores, que tampoco disfrutaban de modo reglado de vacaciones y días festivos.

En cuanto al sueldo que percibían, los empleados irregulares apenas ganaban unos 900 euros al mes, una remuneración que no alcanza el salario mínimo interprofesional, y de la que el empresario restaba 250 euros mensuales por el alquiler de una oficina, en la propia nave industrial en la que trabajaban, donde “vivían” varios de los afectados.

Un “domicilio” indigno y sin intimidad

Con colchones en el suelo y sábanas que servían a modo de separador de estancias, las víctimas compartían un improvisado “domicilio” sin las condiciones mínimas de salubridad e intimidad.

Tampoco la jornada de trabajo era mejor, pues las víctimas desarrollaban sus cometidos sin estar provistos del material óptimo de seguridad. Así, se constataba que algunos utilizaban a diario una máquina elevadora sin formación para ello y sin contar con elementos básicos de seguridad como botas y casco.

Controlados por las cámaras de video-vigilancia, el empresario castigaba a las víctimas con multas, que podían rondar los 50 euros, por ir al baño con más frecuencia de lo que estimaba oportuno, o por demorarse unos minutos a la entrada de la jornada laboral.

Finalmente, una vez recabada toda la información al respecto, agentes de la UCRIF de Torremolinos-Benalmádena detuvieron al investigado por un delito contra el derecho de los trabajadores. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos.