El pasado 2 de septiembre de 2023 ha sido publicado en el BOE el Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial en cumplimiento del mandato previsto en la Ley de Presupuestos de 2022.

Siendo España pionera a nivel Europeo en la creación de una Agencia de estas características, ha sido concebida como una “Agencia Estatal dotada de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, con potestad administrativa” y que estará ubicada en la Coruña, ciudad de unos dos cientos cincuenta mil habitantes y que ocupa el puesto 18 en España entre los municipios de mayor tamaño según la inteligencia artificial de Bing.

Todo ello en el marco del plan del gobierno actual de descentralizar instituciones públicas fuera de la capital al igual que sucede con la Agencia Espacial Española con sede en Sevilla. Cierto es que había otras ciudades de mayor población como Zaragoza (casi el doble de población) bien posicionadas pero que finalmente no recibieron el premio supuestamente en un proceso de decisión basado en “criterios objetivos” que parece que no han sido dados a conocer, incluso algunas de ellas como Granada recurriendo sin éxito al Supremo en defensa de sus derechos.

De lo que no hay duda es que la Agencia actuará como motor económico que permitirá mejorar el entorno tecnológico de la ciudad, en la que cierto es, existe un ecosistema tecnológico de universidad, empresas y emprendedores de cierta relevancia.

Es el propio legislador el que en el Preámbulo, y habiendo justificado su tramitación por la vía del Real Decreto en la rápida evolución de la inteligencia artificial y a la necesidad de control y supervisión de los riesgos que tiene asociados, así como la promoción de la innovación responsable con esta tecnología de última generación, se reconoce a sí mismo sus virtudes al afirmar que “…cumple con los principios de buena regulación del artículo 129.1 de la Ley 39/2015…”.

Pospone su norma creadora eso sí su efectiva puesta en funcionamiento a la constitución del Consejo Rector que tendrá lugar antes del 3 de diciembre de 2023, fecha en la que se nombrará al Director de la Agencia a propuesta del Presidente.

Entre sus competencias se encuentran aquellas relacionados con la supervisión, el asesoramiento, la concienciación y la formación así como funciones de inspección y sancionadoras siendo sus fines concienciar y formar en el desarrollo y uso responsable, sostenible y confiable de la inteligencia artificial, colaborar con otras autoridades, asesorar, crear entornos de prueba reales y supervisar la puesta en marcha, uso o comercialización de sistemas que incluyan inteligencia artificial.

Sorprende que su composición tenga un marcado componente político – con su correspondiente retribución – existiendo órganos de gobierno y ejecutivos, estando entre los primeros el Consejo Rector compuesto por un Director y 7 vocales de los cuales 6 serán representantes de Ministerios (cargos políticos) y uno que será un experto en la materia, lo cual hace verdaderamente difícil creer en la independencia y objetividad que se le presume quedando expuesta al gobierno de turno y alejada de criterios puramente técnicos.

Lo cierto es que cada vez que un ciudadano o un empresario escucha hablar de la creación de una nueva Agencia, incluso aunque sea de Inteligencia Artificial, lo primero que hace es agarrarse el bolsillo por el coste que tendrá para el ciudadano (máxime cuando la deuda pública supera ya el 112% del PIB), ya que es preciso dotarla de recursos humanos y materiales. Y si encima su composición tiene un marcado sesgo político y está alejada de criterios técnicos el dolor es mayor por cuanto que anticipa un futuro poco prometedor siendo en cambio su importancia excelsa al tratarse de supervisar un área de presente y futuro como es la inteligencia artificial.

Un entorno legal flexible, seguro y fiable será capaz de atraer innovación y proyectos emprendedores generadores de riqueza. Un entorno burocratizado y alejado de criterios técnicos y empresariales alejará la innovación y la riqueza en favor de otros territorios más favorables.