Diseño original del proyecto de oficinas en Cortijo Jurado.
El gran complejo de oficinas de Cortijo Jurado, a la espera: más de 20 años buscando un destino para el histórico edificio
El histórico inmueble arrastra desde 2003 distintos proyectos y trámites urbanísticos; la última apuesta pasa por convertir el ámbito en un complejo empresarial con oficinas, aunque el procedimiento todavía no ha culminado.
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El histórico Cortijo Jurado sigue esperando. Más de dos décadas después de que Málaga intentara darle un nuevo destino como hotel, el futuro del enclave continúa sin quedar definitivamente resuelto.
Abandonada la idea del establecimiento hotelero, el último movimiento pone sobre la mesa un proyecto empresarial con las oficinas como uso principal. Sin embargo, años después de que se abriese el camino a este nuevo uso, la operación urbanística sigue sin completarse.
La apuesta por transformar Cortijo Jurado arranca, al menos en su actual recorrido urbanístico, en 2003. El 31 de enero de aquel año se aprobó definitivamente un Plan Especial en suelo no urbanizable que permitió declarar los terrenos de utilidad pública e interés social para desarrollar un conjunto de uso hotelero como destino exclusivo.
Un año después, en 2004, se obtuvo licencia para ejecutar ese proyecto y comenzaron unas obras que permitieron levantar parte de una estructura visible desde la autovía del Guadalhorce. Y que, con el tiempo, se ha convertido en una especie de esqueleto de ladrillo.
El proyecto que ahora se tramita supone un cambio relevante respecto al planteamiento original. El PGOU de Málaga mantiene para el ámbito SUNC-O-CA.27 «Cortijo Jurado» un uso hotelero exclusivo, pero la promotora SUBA, que está al frente de la actuación, planteó modificarlo para convertirlo en un espacio de uso productivo/empresarial, fundamentalmente terciario de oficinas, dejando el hotel como uno de los usos compatibles.
La intención es adaptar los terrenos a las demandas actuales y facilitar su desarrollo después de años de bloqueo. Es otro intento de desbloquear un proyecto que ya acumula más de veinte años de trámites, cambios y expectativas.
2003, 2004, 2011, 2022, 2023... y todavía pendiente
La sucesión de fechas ayuda a entender por qué Cortijo Jurado se ha convertido en uno de esos proyectos malagueños que parecen avanzar sin llegar nunca al punto definitivo.
En octubre de 2022 se presentó a trámite el avance de una innovación del PGOU para cambiar el uso del ámbito. Tras los informes municipales y la entrada en vigor del nuevo marco de la LISTA, el Ayuntamiento determinó que la modificación debía tramitarse mediante un Estudio de Ordenación.
El documento fue finalmente aprobado inicialmente el 11 de agosto de 2023. Y desde entonces se está a la espera.
El ámbito sobre el que se plantea esta transformación tiene una superficie de 43.569,13 metros cuadrados. Se encuentra al norte de la A-357, junto al enlace con la carretera A-7054 y el río Campanillas.
En el centro de la operación permanece el elemento que da nombre al enclave: Cortijo Jurado, un edificio con Protección Arquitectónica de Grado I que deberá ser rehabilitado.
La propuesta establece un techo edificable de 19.098 metros cuadrados, una ocupación máxima del 30% y edificios de hasta 10,50 metros de altura y tres plantas —PB+2—.
El incremento de la ocupación máxima, del 24% previsto actualmente al 30%, es uno de los cambios urbanísticos que incorpora el nuevo documento. El resto de los parámetros se mantienen en buena medida respecto a las determinaciones existentes.
Oficinas, pero sin cerrar la puerta al hotel
El uso principal que se propone ahora es el Productivo Empresarial, en concreto el terciario de oficinas. El uso hotelero deja de ser exclusivo, pero permanece como compatible.
También se mantienen los usos compatibles y alternativos que permite el artículo correspondiente del PGOU. La idea es ofrecer una mayor flexibilidad a un ámbito que fue concebido en un contexto económico y urbanístico muy diferente al actual.
La propuesta se plantea, además, con la intención de que el nuevo desarrollo tenga la menor incidencia posible sobre las determinaciones ya aprobadas. El documento limita los cambios esencialmente al uso, al parámetro de ocupación necesario para materializar la edificabilidad y a los ajustes derivados de esa nueva ordenación.
Uno de los condicionantes más importantes es que las nuevas edificaciones no pueden competir visualmente con el inmueble histórico.
El documento establece expresamente que cualquier actuación deberá respetar las visuales del Cortijo Jurado, considerado un referente singular del paisaje de la zona por su protección arquitectónica.
La propuesta delimita las zonas edificables de manera que se mantengan las principales vistas del edificio y se deja libre de construcciones la parte más visible desde las vías rodadas. El resto de la parcela se destinará a zona verde privada.
Las nuevas construcciones tampoco podrán superar la cota de la plataforma sobre la que se sitúa el edificio protegido. Se plantea una altura máxima de PB+2 y se evita adosar las nuevas edificaciones al cortijo, dejando un espacio interior entre ellas.
Y hay una obligación fundamental: la ejecución del proyecto deberá acometer la rehabilitación del Cortijo Jurado.
Expediente complejo
La complejidad del expediente no procede únicamente del cambio de uso. El emplazamiento está encajado entre importantes infraestructuras viarias y el río Campanillas, y el desarrollo está condicionado por las servidumbres y afecciones existentes.
La documentación ambiental incorporada al expediente ya recogía, en su momento, un informe inicialmente desfavorable de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes al avance del Estudio de Ordenación. Se reclamaba un estudio de tráfico y capacidad para analizar la incidencia de los enlaces de la A-7.
También aparecían condicionantes desde el punto de vista hidráulico por la proximidad al río Campanillas.
En enero de 2025, la Junta de Andalucía dio luz verde ambiental al estudio al concluir que la actuación no tendría efectos significativos, aunque el expediente seguía sujeto a diferentes condicionantes.
La evaluación ambiental analizó tres alternativas y consideró como más favorable la que apuesta por el uso productivo/empresarial, con el hotel como uso compatible. La justificación era que esta opción se adaptaba mejor a la situación económica y social actual y a las necesidades existentes, dentro de las limitaciones derivadas, entre otras cuestiones, de la huella acústica del aeropuerto.
La nueva ordenación conecta con los planes que la promotora SUBA había avanzado para dar una nueva vida al conjunto.
La propuesta manejada contemplaba un parque empresarial con unos 20.000 metros cuadrados de superficie alquilable y alrededor de 40.000 metros cuadrados de espacios abiertos, con distintos formatos de oficinas y zonas verdes.
La promotora llegó también a plantear la posibilidad de incorporar coliving para los trabajadores de las empresas que se instalaran en el complejo, como respuesta a uno de los problemas que afectan al mercado empresarial malagueño: la dificultad de encontrar alojamiento para los empleados. La inversión inicial estimada era de unos 25 millones de euros.
La propuesta pretendía además convertir el enclave en un espacio con elevada dotación de zonas verdes y sistemas de generación, consumo y almacenamiento de energía.
