El restaurante Antonio Martín, en Málaga.
Antonio Martín, el histórico restaurante de Málaga que iba a ser demolido, sigue abierto cinco años después
La Junta de Andalucía sigue otorgando autorizaciones temporales que permiten dar continuidad a la actividad del negocio hostelero.
Más información: El histórico restaurante Antonio Martín, en Málaga, visto para sentencia: Costas ordena su desalojo y derribo
Desde que a finales de 2021 una resolución de la Dirección General de Costas ordenase el desalojo y derribo del restaurante Antonio Martín, el histórico establecimiento malagueño vive instalado en una prolongada situación de provisionalidad administrativa.
Año tras año, la Junta de Andalucía ha ido renovando las autorizaciones temporales que permiten mantener abierta la actividad. Una fórmula que ha evitado la desaparición del negocio, pero que no ha resuelto definitivamente el encaje jurídico de unas instalaciones cuya ocupación del dominio público marítimo-terrestre lleva años en cuestión.
Fue precisamente este conflicto el que llevó a Costas a adoptar una decisión drástica hace casi cinco años. Frente a ello, tanto la Administración autonómica como el Ayuntamiento de Málaga defendieron la continuidad del establecimiento, apelando a su interés público y a su arraigo histórico en la ciudad.
Casi un lustro después, el edificio permanece intacto. La orden de derribo nunca llegó a ejecutarse y el restaurante continúa funcionando gracias a sucesivas autorizaciones temporales mientras sigue pendiente una solución definitiva para uno de los enclaves hosteleros más reconocibles del frente marítimo de la capital.
La nueva autorización concedida por la Junta prolonga este escenario. Aunque permite garantizar la continuidad de la actividad durante los próximos meses, mantiene sin resolver el debate de fondo que desde hace años rodea a este establecimiento situado en primera línea de playa junto a La Malagueta.
El origen del conflicto se remonta a la extinción de la concesión administrativa original que amparaba la explotación del inmueble.
La situación desembocó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avaló la decisión de la Administración autonómica de declarar extinguida dicha concesión, circunstancia que llevó posteriormente a Costas a ordenar el desalojo y la demolición del edificio.
Aquella resolución generó una fuerte controversia institucional. La Junta de Andalucía reclamó formalmente una reconsideración de la medida, apoyándose en el interés público del establecimiento, un argumento que el propio organismo estatal había empleado años antes al analizar el mantenimiento de las instalaciones.
En paralelo, el Ayuntamiento de Málaga defendió la continuidad del restaurante y rechazó que su permanencia fuese incompatible con los planes de transformación del frente litoral que entonces comenzaban a esbozarse.
El punto de inflexión llegó en noviembre de 2022. Entonces, la Dirección General de Costas emitió un informe favorable a la posibilidad de otorgar una nueva concesión para el establecimiento, aunque introduciendo una condición de enorme relevancia: la superficie susceptible de ser autorizada quedaba reducida a unos 300 metros cuadrados frente a los aproximadamente 1.500 metros cuadrados que venía ocupando el restaurante.
Aquella decisión permitió despejar la amenaza inmediata de derribo, pero dejó abiertas numerosas incógnitas sobre el futuro de la explotación.
Desde entonces, la continuidad del negocio se ha sustentado en autorizaciones temporales que han permitido mantener la actividad mientras las administraciones competentes continúan buscando una solución estable para el enclave.
La cuestión no es menor. Antonio Martín ocupa uno de los espacios más cotizados y visibles del litoral malagueño, en un punto estratégico del paseo marítimo de La Malagueta.
Conflicto
Aunque el foco está colocado sobre el restaurante en los últimos años, el asunto viene de largo. En 2013, el Gobierno andaluz ordenó la demolición de una terraza ejecutada en el establecimiento al considerarse que no se ajustaba al proyecto autorizado, lo que supuso uno de los primeros episodios relevantes del conflicto urbanístico y concesional del negocio.
Uno de los elementos clave del caso se remonta, no obstante, al origen de la concesión. La empresa titular inicial del título concesional, Antonio Martín S.A., desapareció en 1991, lo que abrió un largo proceso de incertidumbre sobre la validez y continuidad de la explotación.
Ante esta situación, la Dirección General de Costas inició en 2009 un expediente de extinción de la concesión al constatar que la sociedad titular había sido dada de baja incluso en el Registro Mercantil.
La concesión había sido transmitida previamente a Exceho S.L. mediante un contrato de arrendamiento que fue comunicado a la Administración y autorizado en su momento con el aval de la Abogacía del Estado a finales de los años noventa.
El procedimiento para revocar la concesión administrativa fue inicialmente rechazado por el Consejo de Estado al considerar que la Administración había superado los plazos legalmente establecidos.
Posteriormente, este mismo órgano ordenó la apertura de un nuevo expediente, aunque el proceso quedó interrumpido con el traspaso de competencias en materia de Costas a la Junta de Andalucía a comienzos de 2011, sin que llegara a resolverse de forma definitiva.
