Vídeo del escultor Ginés Serrán dado forma a Neptuno.
Recogen firmas para impedir un conjunto de esculturas gigantes en la entrada del puerto de Málaga
La iniciativa cuestiona la legalidad de la actuación y considera que la colocación de estos elementos contradice la política cultural y urbana desarrollada en las últimas décadas.
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Nuevo motivo de conflicto en el puerto de Málaga. A la encendida polémica que rodea desde hace más de una década la apuesta por construir una gran torre de 144 metros junto al dique de Levante se suma ahora la crítica generada en torno a la decisión de la Autoridad Portuaria de instalar un conjunto escultórico de grandes dimensiones en la entrada principal del recinto.
Muestra de esta reciente oposición es que un grupo de ciudadanos y representantes sociales y culturales de la ciudad ha puesto en marcha una recogida de firmas a través del portal change.org reclamando la paralización inmediata de este proyecto.
A juicio de los firmantes, la actuación carece de la debida transparencia, plantea serias dudas desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, al tiempo que impacta sobre la imagen de la ciudad.
No obstante, según fuentes consultadas, esta operación fue objeto del acuerdo unánime del Consejo de la Autoridad Portuaria, en el que están presentes todas las Administraciones públicas. Al tiempo, cuenta con el respaldo de la Ley de Puertos.
El conjunto está formado por cuatro esculturas monumentales —un Neptuno, una Venus y dos leones de tamaño colosal— fundidas en bronce y colocadas sobre pedestales.
Las piezas han sido cedidas mediante un contrato de comodato, por tiempo indeterminado, por su autor, el escultor Ginés Serrán.
Según el escrito hecho público por los firmantes, el grupo escultórico responde a un criterio estético pseudoclasicista, que califican de "ampuloso y anacrónico", y que, a su juicio, incumple el principio de que las obras situadas en el espacio público deben ser un testimonio digno de la cultura de su tiempo, especialmente en un enclave de alto valor simbólico y urbano.
Uno de los aspectos más criticados es la falta de información pública previa. La ciudadanía, sostienen, sólo tuvo conocimiento de la iniciativa tras las advertencias realizadas en medios de comunicación por personas e instituciones culturales de la ciudad.
Denuncian que el contrato de cesión se formalizó sin la difusión ni el debate público que, entienden, exige una intervención de estas características.
La ubicación elegida es otro de los puntos clave del conflicto. El conjunto se sitúa en la entrada del recinto portuario, en el límite con el Centro Histórico de Málaga, declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Para los firmantes, se trata de un espacio de confluencia entre la ciudad y su puerto, por lo que cualquier actuación en ese punto tiene una incidencia urbanística, histórica y cultural que trasciende el ámbito portuario y afecta a la imagen que Málaga proyecta.
El manifiesto subraya que la iniciativa contradice la política cultural y urbana desarrollada en las últimas décadas, que ha permitido consolidar una red de museos de proyección internacional, como el Picasso, el Museo de Málaga, el Carmen Thyssen, el Centre Pompidou o el Museo Ruso.
Además, cuestionan el encaje legal de la actuación. Aseguran que no se trata de una instalación de funcionalidad estrictamente portuaria, sino de una intervención con fines ornamentales y simbólicos, ubicada en un espacio público regulado por el Plan Especial del Puerto.
En consecuencia, sostienen que la obra debería haber estado sujeta a licencia municipal, así como a la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura, trámites que, según denuncian, no se habrían realizado.
Ante esta situación, los colectivos y ciudadanos firmantes exigen la suspensión inmediata del montaje, el sometimiento del proyecto a información pública y la emisión de los correspondientes informes y licencias por parte del Ayuntamiento de Málaga y los órganos de patrimonio competentes.
Asimismo, advierten de que se reservan el derecho a emprender acciones legales si consideran que las administraciones implicadas han actuado con negligencia en el ejercicio de sus responsabilidades.