Okupas en 177 viviendas públicas de Málaga: los desalojos judiciales tardan más de dos años

El problema de la okupación de viviendas en Málaga alcanza de lleno al parque público residencial.

Más allá de que este fenómeno afecta actualmente a 177 de los pisos protegidos gestionados por el Ayuntamiento de la ciudad, lo que supone el 4,7% del total, su impacto social es considerable, al impedir el acceso a un alojamiento a familias con necesidades urgentes.

Así lo pone de relieve el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, quien destaca que si bien hay casos en los que el contacto directo con los okupas permite una salida pacífica, son muchos los episodios en los que el Consistorio ha tenido que acudir a la vía judicial para forzar su desalojo.

Es justo este procedimiento el que ha permitido en los últimos tres ejercicios liberar 86 inmuebles. De manera precisa, en 2023 fueron 23; en 2024, 36, y en lo que va de 2025, 27.

El edil señala que cada recuperación suele ir acompañada de reparaciones costosas en las propias viviendas, debido al uso de los inquilinos irregulares, así como la activación de un nuevo proceso de adjudicación para familias que llevaban años esperando su turno.

Una de las cuestiones relevantes en este tipo de casos es la lentitud con la que suele pronunciarse la Justicia. "En muchos casos tratamos de mediar y dialogar con los ocupantes para que salgan antes, y a veces lo conseguimos. Pero cuando no quieren colaborar, el proceso no baja de dos años hasta que llega el permiso judicial para recuperar el piso", explica Pomares.

En este escenario, el propio concejal asegura que en varias reuniones con la Administración judicial se ha reclamado una mayor celeridad en los procedimientos de okupación del parque público.

"Hay familias en riesgo y adjudicatarias legales de segunda ocupación que esperan que se recupere la vivienda para poder entrar", esgrime como principal argumento.

En este sentido, subraya que cada piso okupado es una oportunidad bloqueada para una familia que lo necesita.

Ejemplo de estos procedimientos es lo sucedido en los últimos meses con sendas sentencias judiciales que avalaron la petición municipal de desalojar a okupas en viviendas sociales.

Casos concretos

En uno de estos fallos, del pasado 17 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) autorizó el desahucio de una madre y sus tres hijos que okupaban desde 2020 una VPO sin título legal alguno.

La decisión judicial se adoptó después de que quedase constatada la actitud "renuente" y de falta de colaboración de la okupa con los servicios sociales y de que se acreditase la existencia de medidas municipales tendentes a proteger a los menores.

El mismo sentido tiene otra sentencia del TSJA del pasado 24 de julio, en la que el alto tribunal andaluz dio amparo al desalojo de una mujer que venía ocupando de manera ilegal un piso social desde el año 2016.