'Condenan' a la Junta a indemnizar a una médica del Regional de Málaga a la que denunció ante la Fiscalía

El Consejo Consultivo de Andalucía ha condenado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a indemnizar con 30.000 euros a una de las facultativas del Hospital Universitario Regional de Málaga que años atrás solicitó autorización para aplicar una terapia génica para tratar a un bebé con atrofia muscular espinal.

Frente a la demanda de la especialista, la entonces gerente del complejo hospitalario presentó una denuncia contra la reclamante ante el Ministerio Fiscal, aduciendo, entre otros motivos, "retraso deliberado e injustificado en el inicio del tratamiento" del bebé.

La decisión del Consultivo subraya una actuación "arbitraria" de la Administración al denunciar a la empleada directamente ante la Fiscalía por actividades profesionales, sin haber iniciado previamente un expediente disciplinario o una información reservada, vulnerando así su derecho a la defensa.

La reclamación fue interpuesta por una facultativa especialista del Área de Bioquímica Clínica, quien solicitaba 90.000 euros por los perjuicios sufridos a raíz de una denuncia presentada por la dirección del hospital ante el Ministerio Fiscal el 24 de enero de 2023.

En esa denuncia se le acusaba de presuntas actividades lesivas para un paciente relacionadas con su profesión.

El caso en cuestión se relaciona con un bebé con una enfermedad neurodegenerativa muy grave al que se le aplicó una terapia innovadora.

La dirección del centro llevó a dos profesionales ante el Ministerio público: la bioquímica encargada del cribado neonatal de Andalucía oriental que detectó la patología y la neuropediatra que atendía al bebé, quien reclamó con insistencia celeridad en la autorización del tratamiento con Zolgensma, el más caro de la historia del SAS.

En su informe, el Consultivo remite de manera reiterada al decreto de archivo del Ministerio Fiscal, en el que se señalaba que el presunto delito "sólo existía en la mente del denunciante", y que la denuncia carecía de "justificación alguna".

Salud actuó de forma indebida

Al tiempo, es tajante en este dictamen, fechado el pasado 10 de julio, al señalar que la Administración actuó de forma indebida. Según la normativa aplicable, ante indicios de una infracción, la Administración debería haber abierto una información reservada y, en su caso, incoar un expediente disciplinario.

Sólo si en el curso de este expediente se encontraran "indicios fundados de criminalidad", debería haberse puesto el asunto en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Al no hacerlo así, y al no constar en el expediente ningún procedimiento interno abierto contra la reclamante, se vulneraron "todos los derechos que la asisten", incluido su derecho a defenderse.

El dictamen confirma que la responsabilidad patrimonial de la Administración es aplicable en este caso, incluso siendo la reclamante una empleada pública, ya que el daño se produjo en el marco del funcionamiento de un servicio público y por una actividad imputable a la entidad.

Se ha constatado la existencia de un daño moral efectivo, individualizado y antijurídico, así como una clara relación de causalidad entre la actuación irregular de la Administración y el perjuicio sufrido por la facultativa.

Frente a la petición económica de la reclamante, el Consultivo ha cuantificado la indemnización en 30.000 euros, considerando la "zozobra causada por la denuncia" y el hecho de haber sido apartada de sus funciones como responsable del Área del Laboratorio de Metabolopatías del Hospital Materno Infantil.

Lo que no hace el órgano regional es responsabilizar a la Administración de las noticias de prensa relacionadas con el caso.