El futuro de la Zona de Bajas Emisiones de Málaga y su Ordenanza de Movilidad, en manos de los tribunales

El futuro de la Zona de Bajas Emisiones de Málaga podría dilucidarse en los tribunales.

Tras su puesta en marcha a finales de 2024, el grupo municipal VOX formalizó el pasado 4 de junio una demanda judicial en la que pide la nulidad de la Ordenanza de Movilidad, que ampara la aplicación paulatina de restricciones al paso de los vehículos más contaminantes por una amplia extensión de la capital de la Costa del Sol.

El dato ha sido dado a conocer este miércoles por el portavoz de esta formación en la Casona del Parque, Antonio Alcázar, a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

En este acto, ha denunciado que las ZBE "limitan los derechos fundamentales básicos, como la libertad de circulación de las personas, también de un elemento de segregación social en función del lugar donde vivas o residas en la ciudad".

Asimismo, considera que son "potencialmente perjudiciales" para la actividad económica de la ciudad, siendo “una medida discriminatoria y clasista, dado que discrimina a las personas por o en base a su capacidad económica”.

"Si tienes capacidad para comprar un vehículo eléctrico y además tienes capacidad para residir en el centro de la ciudad no pagas y tienes libertad de entrada y de salida; si no, pagas", ha afirmado.

El vicesecretario judicial VOX, Jesús Ruiz Ballesteros, ha precisado que la demanda fue admitida el pasado lunes 9 de junio y trasladada al Consistorio en la misma fecha. Desde ese momento, el Consistorio dispone de 20 días para oponerse a la misma.

La demanda fue interpuesta por el despacho Ruiz Ballesteros Abogados, y firmada por su socio-director, Jesús Ruiz Ballesteros, acompañando dos informes periciales, uno económico y otro medioambiental.

Para Ruiz Ballesteros, es importante dejar claro que para aprobar cualquier ordenanza el Ayuntamiento "debe demostrar su necesidad y proporcionalidad, para ello debe existir una memoria de análisis de impacto normativo, incluyendo los impactos que la medida tendrá en la ciudad y los ciudadanos".

Un trámite que, aseguran, no existe en el expediente de la Ordenanza de Movilidad que se recurre. Por este motivo, a juicio de Vox la norma debe ser declarada nula de pleno derecho.

Respuesta del equipo de gobierno

Desde el equipo de gobierno aclaran que tras el contencioso de VOX, se remitió al juzgado el expediente administrativo, así como la comunicación de haberse personado en el procedimiento.

Asimismo, aclaran que en el expediente "no consta que se hayan solicitado medidas cautelares ni cautelarísimas, por lo que la ordenanza continúa plenamente vigente y ejecutiva".

"El procedimiento contencioso-administrativo se encuentra en su fase inicial, tras la presentación del recurso y la remisión del expediente", indican desde la Casona del Parque, remarcando que en este momento "no existen medidas judiciales que suspendan los efectos de la ordenanza impugnada, la cual se encuentra en vigor".