Si hay un colectivo especialmente sensibilizado con el impacto que el fenómeno de la vivienda turística tiene desde hace años en zonas claramente tensionadas como Málaga capital, ese es el de los administradores de fincas. Entre otras razones porque son estos profesionales los que palpan a diario el difícil equilibrio de los vecinos que padecen las molestias propias de la actividad y de aquellos otros que aprovechan sus inmuebles para hacer negocio.

Sea como fuere, la realidad es que desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga se pone sobre la mesa la necesidad de intervenir en un sector que lejos de menguar, sigue creciendo de manera indisimulada. Los datos objetivos así lo confirman, hasta el punto de que actualmente hay inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía 71.494 inmuebles de estas características, 11.758 de ellos en la capital de la Costa del Sol. 

Este valor implica que en los tres meses transcurridos desde que el Gobierno andaluz modificó el decreto turístico para que los ayuntamientos pudiesen tomar cartas en el asunto y actuar, han sido inscritos del orden de 800 pisos nuevos en Málaga capital. 

"Ya vamos bastante tarde", alerta el presidente del colectivo, Manuel Jiménez Caro, quien cuestiona que en el contexto legal actual son las comunidades de propietarios las que se ven abocadas a actuar para poner límites a este uso. Y ello asumiendo con coste económico claro, que puede rondar los 6.000 euros, y con el riesgo de que se genere un conflicto vecinal claro.

Este es uno de los motivos que lleva al colegio a subrayar la necesidad de que ayuntamientos como el de Málaga avancen hacia la ordenación del fenómeno. Jiménez Caro confirma que desde hace casi un año no se ha producido contacto alguno por parte de la Gerencia de Urbanismo para conocer la posición del colectivo en esta materia. 

Una situación que contrasta con lo que sucedió en el mandato pasado, cuando se propiciaron al menos seis encuentros con técnicos municipales y de la asociación de viviendas turísticas para sentar las bases de una propuesta de ordenación que, a día de hoy, sigue sin ver la luz.

De hecho, por el momento, el Ayuntamiento sigue sin enseñar sus cartas y sin activar la anunciada modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) mediante la que, según la edil Carmen Casero, se quiere poner el cascabel al gato de los pisos turísticos. 

"No nos están consultando sobre ello", apunta Jiménez Caro, quien, precisa, en Sevilla el Ayuntamiento sí ha mantenido reuniones con los administradores de fincas para conocer su punto de vista. 

Para el presidente de la entidad, lo que es evidente es que "hay que ponerle puertas al campo", subrayando que es preferible que haya una "mala regulación a que no haya ninguna". "No encontramos justificación a que haya viviendas en edificios residenciales en zonas totalmente populares, como El Sixto, La Paz, Las Delicias, Ciudad Jardín, Miraflores de los Ángeles…", señala, indicando que este es uno de los grandes quebraderos de cabeza para los vecinos de esas zonas.

A ojos de los administradores de fincas, la regulación de la vivienda turística, que el pasado mes de febrero la Junta de Andalucía dejó en manos de los ayuntamientos, debiera ser una "prioridad absoluta" para los municipios. "Nosotros colaboramos con el Ayuntamiento de Málaga en muchas cosas, pero echamos de menos poder participar en cosas que consideramos urgentes como la regulación urbanística", remarca.