El Ministerio de Cultura, el mismo organismo que pareció amenazar meses atrás la construcción de una torre de 116 metros de altura en el puerto de Málaga, ha pasado a convertirse con sus últimas decisiones en una especie de aliado al cuestionado proyecto promovido por un grupo de inversión catarí.

Al primer paso atrás protagonizado por el organismo dirigido por el ministro Miquel Iceta, cuando archivó el expediente por posible expolio contra el patrimonio histórico de la ciudad, hay que sumar ahora el silencio con el que ha contestado a la reclamación del Ayuntamiento de Málaga para concretar si la incoación de La Farola como Bien de Interés Cultural (BIC) afecta o no a la modificación urbanística que debe validar el hotel de lujo.

Así lo ha confirmado el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien precisa que después de que el escrito fuese remitido por la Gerencia de Urbanismo el pasado mes de febrero, el ministerio disponía de un mes para contestar. Transcurrido ese periodo, sigue sin existir respuesta por parte del departamento estatal, según incide el edil.

Y ello, a ojos de los responsables municipales, supone desde el punto de vista legal la asunción de que la declaración de La Farola como BIC, en caso de prosperar finalmente, no tiene incidencia alguna sobre el ajuste del planeamiento. O lo que es lo mismo, no frena el trámite definitivo de una operación que lleva años gestándose.

Desde el Ministerio de Cultura han contestado a la consulta realizada por EL ESPAÑOL de Málaga en los siguientes términos: "El Ministerio de Cultura y Deporte no ha previsto redactar ningún informe puesto que la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto en sí misma no supone una afección directa para La Farola, siempre que no dañe los valores históricos, artísticos y/o técnicos del bien, y que se cumpla con lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, sobre protección de bienes Inmuebles declarados Bien de Interés Cultural".

"Dice la ley que el silencio administrativo es positivo; si no contestan es porque no afecta", dice a modo de conclusión López, quien, pese a esta novedad, no lanza las campanas al vuelo. ¿Por qué? Porque el organismo municipal también está a la espera de conocer oficialmente la posición que sobre esta misma cuestión tiene la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

A este ente también se le formuló la misma duda respecto a la incidencia del BIC sobre el proyecto hotelero. En su caso, el plazo era más amplio, tres meses, periodo que finaliza este miércoles, según sus datos. Es de prever que, dados los antecedentes, la posición de la Junta sea igualmente favorable a que continúe el trámite urbanístico impulsado por el Ayuntamiento.

Una vez completada esta fase del proceso, el Consistorio estaría en condiciones de avanzar en la aprobación definitiva de la modificación de elementos del plan especial del puerto, con el objetivo de sentar las bases para la construcción de la torre. 

Hasta 45.000 metros edificables

La finalidad de este ajuste es asignar a los terrenos elegidos por la Autoridad Portuaria para levantar este inmueble, diseñado por el arquitecto José Seguí, una edificabilidad de hasta 45.000 metros cuadrados, autorizando una altura máxima de 38 plantas. De acuerdo con la última versión de los promotores, el edificio será más bajo, alcanzando 27 plantas.

Este último paso en la esfera municipal se viene dilatando desde hace meses. Y no sólo por la irrupción del Ministerio de Cultura, que, en un principio, cuestionó el impacto de la torre sobre el patrimonio de la urbe, sino también por la controversia mantenida entre el Ayuntamiento y Puertos del Estado respecto a la tramitación. 

Un asunto ya solventado después de que el Consistorio haya asumido que antes de que la propuesta de hotel salga con dirección al Consejo de Ministros, debe ser el Pleno municipal el que apruebe de manera definitiva la modificación del planeamiento.

Conforme a los acontecimientos ocurridos el último año, parece evidente el nuevo cambio de rumbo en el que está instalado el Gobierno respecto al proyecto catarí. Sea como fuere, el Ejecutivo, con la coalición del PSOE y Unidas Podemos, tendrá aún la última palabra en el momento en que sea el Consejo de Ministros el que tenga que pronunciarse sobre la idoneidad o no de autorizar el uso hotelero en el puerto de la capital.