La decisión del Ministerio de Cultura de proteger La Farola de Málaga como Bien de Interés Cultural (BIC) sigue sumando voces que cuestionan el contenido de la iniciativa. A la decisión ya conocida de Puertos del Estado de alegar contra el paso dado por el ente ministerial, se suma ahora la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que ya anuncia alegaciones al expediente.

En el caso del ente autonómico, según ha explicado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en la necesidad de que la pretendida protección del histórico edificio, de más de 200 años, afecte exclusivamente al inmueble y al entorno directo. A tenor de sus explicaciones, lo que se pone en duda es la "indefinición" existente sobre "el entorno paisajístico".

La posición de la Junta, en este caso, es menos contundente que la de Puertos del Estado, que ha pedido el archivo del expediente incoado por el Ministerio de Cultura a finales del pasado año. Desde el primer momento se ha interpretado la decisión del Ministerio de Cultura de aplicar la figura de BIC a La Farola como una maniobra para dificultar el desarrollo de la torre de 116 metros de altura proyectada junto al dique de levante. 

La declaración de BIC, adoptada por la Dirección General de Bellas Artes, lleva incorporada la delimitación de un entorno de protección. En este caso, de la zona que rodea el monumento y contribuye a resaltar su significación, su adecuada percepción y comprensión cultural. Según se precisa, se trata de la parcela circular en la que el monumento queda enmarcado.

Pero se destaca que más allá de ese espacio físico, es "imprescindible el respeto por el entorno visual del faro". "No hay que olvidar su relación con el Conjunto Histórico de la Ciudad de Málaga, no solo física sino también histórica, cuyos valores edificatorios, monumentales, artísticos, etnológicos, ambientales, históricos y paisajísticos fueron destacados en el Decreto 88/2012, de 17 de abril, por el que se inscribió en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz", se destaca en la resolución. 

Y es aquí donde la protección de La Farola puede ser clave para tumbar el proyecto de la torre. Sobre ello, el documento indica: "Es necesario recordar aquí lo establecido en el artículo 19 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, que prohíbe toda construcción que altere el carácter de los monumentos declarados Bien de Interés Cultural o perturbe su contemplación".

Es por ello por lo que cualquier actuación que se realice en el entorno "estará sometida a la autorización prevista en la Ley". "La delimitación del entorno de la Farola, por lo tanto, debe entenderse desde un punto de vista holístico, cara a evitar la desaparición, no solo física, sino también conceptual del bien como elemento emblemático y representativo, debida a intervenciones invasivas en el paisaje. Este paisaje debe ser protegido, conscientes de que contribuye a la formación de las culturas locales y de que es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo", se precisa.

Es a esta interpretación de la norma contra la que alegará la Administración regional. No obstante, ante la duda sobre las competencias en la materia, la consejera de Cultura sí ha sido clara al afirmar que el edificio de La Farola es competencia del Gobierno central.