El Ayuntamiento de Málaga da el paso que puede ser definitivo en su apuesta por desalojar la Casa Invisible. Según han informado desde el colectivo cultural y social, que viendo ocupando de manera irregular el inmueble desde hace años, el Consistorio ha solicitado ya formalmente la autorización judicial necesaria para proceder a la actuación. 

En concreto, según los mensajes colgados por La Invisible en sus redes sociales, la solicitud se ha realizado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº4 de Málaga. La misma consiste en autorización de entrada en el edificio con el objetivo de ejecutar la orden de desalojo que fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 5 de noviembre.

"Es el último paso para poder ejecutar el desalojo tras haberse cumplido los plazos de desalojo voluntario del inmueble", señalan desde el colectivo. Ante esta situación, La Invisible anuncia una nueva acción de protesta para el próximo 7 de mayo, a las 12:00. Día en el que quiere realizar una movilización "para paralizar el desalojo y garantizar la continuidad de un espacio imprescindible en esta ciudad, más vivo y fuerte que nunca".

A juicio del colectivo, en el supuesto de que el juzgado valide la petición municipal, el Ayuntamiento "deberá decidir si retoma una solución negociada, tal y como ha repetido el propio alcalde en todas sus manifestaciones, o si su apuesta definitiva pasa por el uso de la fuerza". "Semejante actitud sería claramente contraria al interés general, ya que lo único que persigue es la privatización encubierta del inmueble", añaden. 

"La Invisible, hoy día convertida en un referente de cultura crítica y colaborativa en la ciudad de Málaga, goza a estas alturas de apoyos institucionales y ciudadanos más allá de nuestras fronteras", recuerdan en el comunicado.

En este sentido, apuntan la celebración el pasado mes de febrero de Multiplicity, inaugurado con un Congreso Internacional sobre el Futuro de las Políticas Culturales en Europa, con La Casa Invisible como sede principal, y que contó con la asistencia de, entre otros, Manuel Borja-Villel (director del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía) y Bernard Blistène (director honorario del Museo Pompidou de París).

Argumentos del Ayuntamiento

Para justificar el posible desalojo, el Consistorio aduce "razones de interés público". En concreto, habla del "estado de deterioro" en el que se encuentra el inmueble, siendo necesario acometer su rehabilitación integral. 

Así se expresa en un informe emitido por el servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia de Urbanismo fechado el 13 de julio, tras una visita de inspección realizada el 7 del mismo mes.

En el documento se recuerda que desde el 19 de diciembre de 2014, el edificio está clausurado "a las actividades de pública concurrencia hasta que se adopten las medidas de seguridad exigibles" y constata que presenta "deficiencias respecto de la conservación y la seguridad, forjados apuntalados, desprendimientos de cielo rasos, manchas indicativas de filtraciones, tejas sueltas, revestimientos disgregados, daños estructurales puntuales e importantes carencias con respecto a la instalación eléctrica y a la protección contra incidencias".

Todo ello, hace que los técnicos aboguen por impulsar cuanto antes la recuperación del edificio, buscando con ello eliminar la "preocupación creciente relativa a que con el paso del tiempo pueda ocasionar una circunstancia sobrevenida de mayor deterioro, con la consecuente inseguridad para las personas que pudieran estar dentro por los apuntalamientos parciales y las vías de evacuación del edificio".