Enfado y 'respiro' por el retraso de Verifactu: 250.000 empresas y autónomos de Málaga en vilo

Las gestorías y los departamentos administrativos de las 250.000 empresas y autónomos que hay en Málaga llevan todo el año agobiados por la implantación de Verifactu, el nuevo sistema de verificación de facturas.

Estaban obligadas a generar una facturación electrónica que pudiera ser completamente controlada por Hacienda para evitar fraudes y tenía que implantarse en 2026, con las prisas correspondientes.

La palabra, Verifactu, es horrible. Seguro que el afamado nombrador Fernando Beltrán se le ocurrirían muchas mejores. Pero se ha convertido en una de las palabras del año 2025 para empresarios y autónomos. Incluso numerosas empresas se han anunciado hasta en televisión para ofrecer ese servicio.

Y cuando miles de empresas y autónomos malagueños ya lo tenían todo arreglado para estar operativos, con el correspondiente gasto y estrés generado, este pasado martes, de golpe y porrazo, el Gobierno dice que lo retrasa a 2027.

Las reacciones han sido diversas. Por una parte hay enfado porque tras tanta prisa, tensión y dinero invertido ahora se cambien las reglas del juego y se pospone todo, dando sensación de inseguridad jurídica. Por otra, un cierto respiro al que no le había dado tiempo o no se había aplicado lo suficiente.

Dicho de otro modo, los alumnos aplicados que se han preocupado por hacerlo todo en tiempo y forma están ahora más que enfadados porque les retrasan el examen. Y los que no habían estudiado han visto el cielo abierto.

Este diario se ha puesto en contacto con el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, que ha remitido un comunicado realizado por el organismo a nivel estatal con cuyas declaraciones se muestran de acuerdo.

“Lo que las pymes y autónomos necesitan es seguridad. No más cambios de criterio, no más dudas, no más decisiones precipitadas”, apunta Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.

Los gestores subrayan que este año ha sido un caos porque, de hecho, esta norma no es para todos, pero se ha trasladado la idea de que sí.

“Durante meses, muchos autónomos y pequeños negocios han vivido con la idea equivocada de que Verifactu era obligatorio para todos. Esa sensación —alimentada en parte por comunicaciones poco precisas— abrió la puerta a que algunas empresas vendieran soluciones que no eran necesarias”, recalca Santiago.

Los gestores administrativos señalan que la parte positiva de este aplazamiento es que se podrá evitar otra "oleada de confusión" y que habrá tiempo para que todo se aclare.

“El problema no estaba en la norma, sino en el ruido. Nosotros sabíamos quién debía acogerse y quién no. Lo que ahora pedimos es que esa claridad sea compartida por la Agencia Tributaria, por las empresas tecnológicas y por todo el tejido productivo", dice Santiago.