Yolanda está harta. Enfadada, rabiosa, triste y mil adjetivos más. Pero sobre todo harta. Hace tres años y ocho meses que Ana Isabel J.C. decidió dejar de pagarle el alquiler de su piso de Villaverde. Ana pasó a ser inquiokupa, es decir, una persona que pasa de inquilino a okupa. Yolanda, por su parte, pasó a ser víctima de una realidad cada vez más común.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación acuñó el término inquiokupación hace poco más de un año, para diferenciar este tipo de okupación de la clásica patada en la puerta. En la Comunidad de Madrid, el principal foco se sitúa en los distritos y municipios al sur de la capital.

La citada plataforma asegura que ya es el método más común de okupación en España, alcanzado el 70% de todos los casos. A menudo, los afectados se ven abocados a litigar durante años en los juzgados. Muchos inquiokupas se escudan en certificados de vulnerabilidad de Servicios Sociales, pero sin aceptar las soluciones habitacionales que les proponen las administraciones.

Yolanda señala la casa okupada, en el número 35 de la calle Ignacio Santos Vinuelas, en Villaverde. Jaime Susanna

El caso de Yolanda tiene eso y más. A su inquiokupa no se le conoce más oficio que leer las cartas del tarot. Yolanda, en cambio, se ve obligada a tener tres trabajos para poder hacer frente, con su marido, al gasto de dos hipotecas y dar de comer a tres hijos. "Nos llaman especuladores y he sido autónoma 15 años. Me reinventé laboralmente pasados los 35 y ahora tengo tres trabajos", protesta esta madre de familia.

Su caso lleva varado en el Juzgado de Instrucción número 83 de Madrid desde octubre de 2019. Entre medias ha habido una infinidad de papeleo, broncas, recursos y la pandemia que puso el país en pausa durante casi un año. 

30 años de hipoteca

Yolanda Florín Ortiz tiene 42 años, está casada y tiene tres hijos de 12, 8 y 6 años. En el año 2002, su marido y ella compraron un piso en el número 35 de la calle Ignacio Santos Vinuelas, en el distrito de Villaverde. Se hipotecaron por 30 años y hoy siguen pagando ese préstamo. "Pagué un disparate: 140.000 euros. Se acababa de implantar el euro y estaba todo carísimo".

"En 2016 nos quedamos embarazados de nuestro tercer hijo y nos mudamos, porque esa casa tiene 48 metros cuadrados. La hubiera vendido, pero debía 100.000 euros de hipoteca y en 2016, por esa casa, me daban 60.000".

"Se la alquilé a una conocida mía, una clienta. Mi negocio era un taller de velas de cera y esta señora es tarotista. Es importante este detalle, porque esta señora está metida en muchas estafas".

Ana Isabel J. C. tiene 52 años, es española, tarotista y no se le conocen hijos o pareja, aunque sí mascotas. En septiembre de 2016 entró a vivir a la casa de Yolanda y en abril de 2019 dejó de pagar la mensualidad de 520 euros. Desde entonces, entró a vivir con ella, también gratis, Juan Carlos M. R.

Ana Isabel J. C. disfrutado de un gintonic en el Café de Oriente. Cedida

"Me hizo el trabajo, pico y pala, hasta que consiguió mi casa. Yo creo que esa señora sabía bien claro lo que hacía. Desde septiembre de 2016 hasta mayo de 2019 pagó todas sus cuotas en los días que acordamos".

"Del 16 al 19, fue una inquilina muy porculera. Esta tía llamaba cada mes. Yo no entiendo cómo se le podían romper tantas cosas. Un 5 de enero, viendo la cabalgata de los Reyes Magos llama y nos dice que se le ha roto el depósito del agua. Luego que si el grifo, que si la puerta… ¡Se le rompía todo! Ahora ya no se le rompe nunca nada".

"Madrid volvió a pegar un pelotazo con el alquiler y yo jamás subí las cuotas, pese a lo que ella está intentando alegar. El 20 de agosto es mi cumpleaños. Ese día, en 2019, me llama para felicitarme. ‘Perdona Ana, ¿te estás riendo en mi cara o qué? Estamos intentando negociar contigo desde mayo y aceptando todas tus mentiras’. Me decía que tenía un cliente en Brasil que no le estaba pagando y no sé qué. Mira se acabó, denunciamos".

—Si me demandáis no os voy a pagar nada.

—Pero si no nos pagas nada, Ana.

A los pocos meses de la inquiokupación, Yolanda fue a los juzgados. Era 2019 y las empresas anti okupación todavía no habían nacido, fruto de la lentitud de la justicia en ejecutar los lanzamientos. "Ya no me cogen mi caso, está muy judicializado. He hablado con tres empresas, entre ellas la de Daniel Esteve. Ninguna coge mi caso. Es un dinero que vas a tirar en saco roto, me dijeron".

Un limbo legal

El informe que le otorga la vulnerabilidad a Ana en primera instancia, recoge que Ana estaba cobrando el Ingreso Mínimo Vital (358 euros al mes) y que, pese a que los Servicios Sociales le habían ofrecido realojarse en otro sitio, los había rechazado. Ana no estaba "dispuesta a desprenderse de sus gatos". Le concedieron la vulnerabilidad.

Extracto del informe de Servicios Sociales que concede la vulnerabilidad a Ana. Cedido

Mientras tanto, una guerra por este caso se empezaba a fraguar en las redes sociales. La inquiokupa tiene actualmente 2.325 seguidores en Twitter. Entre ellos está la cuenta oficial de Podemos y la de Félix López-Rey, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento, conocido por su cercanía, campechanía y sus constantes roces con José Luis Martínez-Almeida. 

Asimismo, entre sus seguidores hay muchas personas que se definen como "antifascista", "republicano" o incluso "votante de Podemos". Abundan las banderas tricolor y los triángulos rojos invertidos. "La información es poder. No se alimenta a las alimañas aco/sa/doras, se les denuncia", afirma en su descripción la tarotista que no paga el alquiler, en referencia a su casera. Yolanda, que se identifica como una persona de izquierdas, no da crédito de lo que ve. 

Captura tomada el 20 de enero, en la que se ve que Podemos y Félix López-Rey siguen a la 'inquiokupa' en Twitter. J.S.

A Yolanda le han cerrado varias cuentas de Twitter por señalar públicamente a su inquiokupa. Asimismo, denuncia que en un grupo de Telegram han compartido fotos de sus hijos y que ha sido acosada en redes por numerosas personas afines a "la rata". Así llama a Ana.

Por el contrario, Yolanda pone en valor el trabajo del partido Ciudadanos, que gobierna en el distrito de Villaverde. "No puedo quejarme nada del equipo de Ciudadanos. Conmigo han hecho todo lo que han podido. ¿Qué han podido? Que se hiciera un segundo informe sobre la vulnerabilidad y se le retirara. Eso lo he conseguido gracias a Concha Chapa y su equipo".

En abril de 2022, Yolanda volvió a los juzgados blandiendo el nuevo informe que le quita la vulnerabilidad, es decir, que no sigue amparada por el Real Decreto. "Mi juez, no sé por qué, no lo lee hasta noviembre de 2022".

"No le queda más remedio que tener que dictar sentencia. ¿Qué hace? Por ley, tiene que pedir alegaciones, y la abogada de oficio de ella, que ni se conocen, presenta alegaciones. A día de hoy no ha dado respuesta. ¿Por qué le da cabida a apelar si ya se ha se ha demostrado que no es vulnerable?"

Yolanda, posa frente a la casa en la que crecieron sus dos hijos mayores. Jaime Susanna

"Esta apelación presentada por ella eleva a la Audiencia Provincial la cuestión de la vulnerabilidad. La Audiencia Provincial tardará como mínimo seis meses en resolver lo de la vulnerabilidad. Entonces, volverá a primera instancia y el primer juez ya dicte lanzamiento. ¿Mínimos? Un año, un año y pico... Yo ahora estoy en un limbo legal".

Mientras tanto, se siguen tachando días del calendario en que la inquiokupa disfruta de casa gratis. Su compañero Juan Carlos le hace la compra y los recados que requiera, porque "ella lleva años sin salir de casa".

Mientras tanto, Yolanda no puede disfrutar de los fines de semana con sus hijos porque tiene que trabajar. "Y cada primero de mes, me llega la factura de la hipoteca de esta casa”.