Edificio de viviendas
Escribe Javier Burón en El problema de la vivienda, muy documentado ensayo que acaba de llegar a las librerías, que la izquierda en el Gobierno ha reducido sensiblemente la tasa de paro, consumado incrementos continuados del PIB, reducido de modo apreciable los niveles crónicos de precariedad laboral y agrandado el SMI en un porcentaje más que relevante, amén de que existe la posibilidad de que incluso consiga reducir la jornada legal de trabajo.
Y acto seguido, añade que esa misma izquierda perderá con toda seguridad las próximas elecciones generales, las previstas todavía para 2027, si en el intervalo que aún resta para la fecha continúa sin mostrarse capaz de aliviar de forma significativa y creíble el problema habitacional de la población joven.
Un pronóstico, ese suyo, doblemente relevante. Y es que Burón no sólo resulta ser una persona que se confiesa de izquierdas, sino que, al margen de su adscripción ideológica, también encarna a uno de los gestores de vivienda pública más reputados de España.
Y le asiste la razón, por cierto. Porque el problema de la izquierda no es Cerdán y el otro par de quinquis ocupando las portadas de los periódicos día sí y día también.
El problema de la izquierda, el problema de verdad, son los cientos de miles de españoles, millones ya, que han entrado en la treintena con un empleo fijo, una pareja estable, el proyecto vital de crear una familia… y un cuarto en la casa de sus padres al que siguen volviendo todas las noches del año para dormir.
Estamos asistiendo en los dos polos peninsulares de atracción demográfica, las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, a algo muy parecido a un experimento económico de laboratorio con esa cuestión
Porque no se trata de un episodio de malestar económico, sino de una tragedia generacional. Una tragedia que, si no se resuelve, puede amenazar con poner en cuestión la legitimidad misma de nuestro sistema político, la democracia representativa.
La efervescencia de las nuevas formaciones de extrema derecha en toda Europa y su creciente implantación entre los grupos de población más jóvenes, fenómeno que se observa también en España, no resulta ajena a la frustración fatalista de ese segmento de la población en relación con el acceso a un bien básico, la vivienda, imprescindible para consumar la emancipación efectiva propia de la edad adulta.
Lo que supuso el desempleo masivo durante la década de los treinta, en tanto que factor desencadenante de la radicalización política de grandes segmentos de población, ahora, casi cien años más tarde, podría repetirse, ocupando el papel de catalizador la miseria habitacional de los jóvenes. No es una analogía ni forzada ni gratuita.
Así las cosas, estamos asistiendo en los dos polos peninsulares de atracción demográfica, las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, a algo muy parecido a un experimento económico de laboratorio con esa cuestión, la de la vivienda; y no sólo a un experimento económico, sino también político en el sentido genuino e ideológico del término.
Y es que la puesta en marcha paralela de los programas de esos dos territorios para hacer frente a la crisis inmobiliaria, de evidente inspiración (neo)liberal el madrileño frente a los tintes mucho más colectivistas del catalán, va a servir para confrontar en el terreno real, el de los resultados empíricos y tangibles, una de las escasas discrepancias de fondo que sirven para distinguir a la izquierda y a la derecha contemporáneas.
El Gran Madrid y la Gran Barcelona van a verse en la necesidad de alojar a algo más de la tercera parte de la población española
El Gran Madrid y la Gran Barcelona van a verse en la necesidad de alojar a algo más de la tercera parte de la población española, unos veinte millones de almas en busca de un techo, durante el transcurso de los próximos tres lustros.
Un desafío histórico de dimensiones bíblicas equiparable a la transformación espacial revolucionaria que acometió la España del desarrollismo franquista tras el Plan de Estabilización y las consiguientes migraciones masivas desde el campo meridional y arruinado hacia esas mismas áreas metropolitanas.
Pero las estrategias institucionales -decía- van a ser muy distintas entre sí en esta ocasión. Madrid está apostando por el papel subsidiario de la Administración, la intervención pública acotada al mínimo imprescindible, tanto en el plano de la duración temporal como en el de la gestión efectiva de los proyectos.
Por lo demás, prioriza la cantidad (250.000 viviendas previstas en la CAM frente a las apenas 50.000 contempladas en Cataluña).
La Generalitat, por su parte, postula una fórmula híbrida, de colaboración público privada permanente vía sociedades de capital mixto, algo que recuerda mucho a los modelos de planificación urbana dirigista característicos de Francia, pero también al de la célebre Viena roja con su histórico parque de inmuebles municipales.
Madrid va a determinar con su praxis local la postura al respecto del conjunto de la derecha en el resto de los territorios
La idea-fuerza que late tras el plan madrileño es que un incremento súbito y explosivo de la oferta provocará una drástica caída de los precios. A esa premisa teórica está apostando todas sus cartas la CAM. ¿Ocurrirá? Ha transcurrido todavía muy poco tiempo como para poder efectuar una previsión fundada en estimaciones objetivas.
La trastienda filosófica del modelo catalán, que pone mayor énfasis en lo cualitativo, no oculta, por su parte, cierta vocación de quebrar la preeminencia hegemónica del principio de la propiedad privada en el ámbito de lo inmobiliario.
Por lo demás, Madrid va a determinar con su praxis local la postura al respecto del conjunto de la derecha en el resto de los territorios. Igual que Cataluña, en su caso con los añadidos del País Vasco y Navarra, hace ya lo propio en el ámbito de la izquierda a escala nacional.
Sí, la única confrontación ideológica de calado que hay en España se está realizando, y ahora mismo, a golpe de grúas, ladrillos y cemento en decenas de solares madrileños y catalanes.
¿Quién ganará? Quizá ninguno. Porque late hoy en el aire el recuerdo del éxito innegable de la política de vivienda durante el segundo franquismo, la que postulaba como horizonte ideal la famosa España de propietarios y no de proletarios.
Pero nadie repara en que aquel éxito inmobiliario de la dictadura sólo fue viable gracias a otro éxito paralelo, el de la industrialización acelerada del país.
Porque fue la industria quien creó, vía empleos estables y salarios decentes, la demanda solvente que hizo posible que después se pudieran pagar las hipotecas de aquellos bloques de pisitos sociales en el extrarradio.
La misma industria que hoy ya no existe, por cierto. Porque el problema no es de vivienda, es de modelo productivo.
*** José García Domínguez es economista.