Imagen de los destrozos provocados por el atentado de Santa Pola.

Imagen de los destrozos provocados por el atentado de Santa Pola. Efe

Tribunales ETA

El juez procesa a cuatro jefes de ETA por facilitar el atentado contra el cuartel de Santa Pola en el que murió una niña

El ataque se dirigió contra la casa-cuartel de la Guardia Civil y también fue asesinado un hombre que esperaba al autobús en una parada cercana.

Más información: Un informe de la Guardia Civil señala a cinco jefes de ETA por el atentado de la niña muerta en Santa Pola

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La Audiencia Nacional procesa a Ainhoa Múgica, Juan Antonio Olarra Guridi, Félix Ignacio Esparza Luri y Soledad Iparraguirre por el atentado del cuartel de Santa Pola en 2002.

El juez señala que los cuatro exdirigentes de la 'zuba' (comité ejecutivo de ETA) facilitaron directrices y medios materiales o financieros imprescindibles para la ejecución del ataque.

En la acción terrorista, cometida mediante un coche bomba por el 'comando Argala', murieron la niña Silvia Martínez, de cuatro años, y Cecilio Gallego, de 57.

La causa judicial contra la cúpula de la banda se inició a raíz de una querella de la asociación Dignidad y Justicia, tras la condena previa de los autores materiales.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha procesado a cuatro jefes de la banda terrorista ETA por el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante).

Se trata de Ainhoa Múgica, Juan Antonio Olarra Guridi, Félix Ignacio Esparza Luri y Soledad Iparraguirre.

En este atentado, cometido el 4 de agosto de 2002, fue asesinada una niña, la pequeña Silvia Martínez, de tan sólo cuatro años. También perdió la vida Cecilio Gallego, de 57 años, que esperaba en una parada del autobús cercana al cuartel.

En una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez Piña indica que existen indicios de que los procesados facilitaron medios y dieron directrices al comando ejecutor para cometer el atentado.

Los autores materiales del mismo ya fueron condenados. Ahora, la Audiencia Nacional procesa a la cúpula de la banda por dos supuestos delitos de asesinato terrorista.

"Resulta indiciariamente acreditado", señala el juez, "que el atentado perpetrado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola se integró dentro de la estrategia criminal desarrollada por la organización terrorista ETA, siendo ejecutado por el denominado comanda Argala mediante la colocación y explosión de un vehículo Ford Escort cargado con aproximadamente cien kilogramos de explosivo".

"Del conjunto de las diligencias incorporadas a la causa aparece igualmente acreditado (...) que dicha acción terrorista fue posible gracias a la actuación coordinada de diversos órganos de la organización terrorista ETA, sometidos a las directrices emanadas de su órgano de dirección denominado zuba o comité ejecutivo", añade.

Y los cuatro procesados formaban parte en 2002 de esa zuba, la cúpula de la banda terrorista.

Sobre Olarra Guridi, el juez subraya que, junto con Ainhoa Múgica Goñi, era responsable de la estructura militar de ETA, el llamado Otsagi.

Entre sus funciones, la dirección operativa de los comandos, el suministro de medios materiales a los mismos y la coordinación de las acciones terroristas.

Además, según recalca Piña, Olarra Guridi "intervino en la obtención, preparación y suministro de los medios materiales empleados por el comando Argala para la ejecución del atentado". Lo mismo sucede con Múgica Goñi.

Por su parte, Félix Ignacio Esparza Luri era el "máximo responsable del denominado aparato logístico de ETA y miembro de la zuba".

"Dicho aparato", explica el juez, "tenía encomendada la obtención, almacenamiento, conservación y distribución de los recursos materiales necesarios para la actividad terrorista de la organización, incluyendo explosivos, vehículos sustraídos, documentación falsa, matrículas y demás instrumentos utilizados por los comandos operativos".

"Existen indicios de que los explosivos, vehículos y demás elementos empleados en el atentado de Santa Pola fueron suministrados a través de las estructuras logísticas dependientes del investigado, quien, por razón de su posición de dirección y control, habría contribuido decisivamente a proporcionar los medios materiales imprescindibles para la ejecución de los hechos", concluye.

Por último, Soledad Iparraguirre, como máxima responsable de las finanzas, facilitó el "sostenimiento económico de las estructuras organizativas que hicieron posible la comisión del atentado investigado".

Esta causa judicial se deriva de la querella presentada por la organización de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ) contra los miembros de la cúpula de ETA, una vez los autores materiales de este ataque ya fueron condenados.