Leonardo Marcos y Marlaska en un acto en 2024. Europa Press
El juez Pedraz da la condición de investigado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos y le cita a declarar
El instructor del 'caso Leire' atiende una petición de la acusación popular que encabeza el PP, reiterada tras la declaración del DAO, general Llamas.
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del 'caso Leire', ha dado la condición de investigado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos y le ha citado a declarar para el próximo 10 de septiembre.
Pedraz ha acogido una petición de la acción popular personada en este procedimiento y unificada en el PP.
En un escrito presentado el pasado 24 de julio, las acusaciones populares insistían en que el predecesor de Mercedes González, ya investigada en este procedimiento, debía declarar en condición de investigado.
Pedraz había rechazado una anterior petición en este sentido. El 2 de julio, el instructor señaló que la conducta atribuida a Marcos -pedir a los agentes que "se pusieran de perfil" en la investigación al hermano de Pedro Sánchez- "per se [por sí sola] no integra ningún tipo penal".
Las acusaciones populares consideran que ahora hay nuevos motivos para citar a Marcos, derivados de la declaración que prestó el general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Benemérita.
Tanto González como Llamas han prestado declaración ante Pedraz como investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia, a petición de la Fiscalía Anticorrupción
Existen indicios de que ambos trataron de condicionar a los agentes de la UCO encargados por los jueces de procedimientos judiciales que afectan al PSOE y, en particular, al entorno político y familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En nueve meses, la UCO fue objeto de tres informaciones reservadas, un instrumento pre-disciplinario de carácter interno que consiste en realizar una investigación sumaria de la conducta de un agente para decidir si se le debe abrir o no un expediente.
Algunas de esas informaciones reservadas se iniciaron en paralelo a los encuentros que González mantuvo con la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez.
Pedraz investiga si, mediante esas informaciones reservadas, la cúpula de la Guardia Civil intentó "comprometer la carrera profesional del investigador, afectar a su reputación, limitar sus expectativas de ascenso o generar un permanente clima de incertidumbre respecto de su continuidad profesional", señalaron las fiscales anticorrupción en el escrito en el que pidieron a Pedraz que citara como investigados a Llamas y González.
Marcos había quedado hasta ahora fuera del perímetro de la investigación de Pedraz.
Pero las acusaciones populares recordaron en su último escrito que algunas actuaciones predisciplinarias contra la UCO se iniciaron bajo dirección orgánica de Marcos, "lo que impide sostener que este permaneciera ajeno a una actuación que Llamas califica de ordinaria y conocida en la cadena de mando", sostienen.
"Consta en las actuaciones, a través de la declaración del [general Rafael] Yuste, exresponsable de la UCO, que Marcos intervino para cuestionar los informes de la UCO relativos a la causa de David Sánchez, llegando a exigir que determinados análisis estuvieran 'limpios' en el plazo de una semana", señalaban.
Para las acusaciones populares, "tal injerencia excede la mera supervisión jerárquica" y podría encajarse en los delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
"Los hechos investigados responden a una actuación coordinada de la cúpula de la Guardia Civil, en la que el director general ostentaba la máxima responsabilidad institucional", creen las acusaciones populares.
"La correlación temporal entre los contactos de la directora general con la trama", dicen en referencia a las reuniones de González y Leire Díez, "la apertura de informaciones reservadas y las instrucciones transmitidas a la UCO no puede analizarse excluyendo precisamente a quien, durante el período junio de 2023 a septiembre de 2024, encabezaba dicha estructura", indican.
Rechaza apartarles del mando
Por el contrario, el juez ha rechazado la petición de la acción popular de apartar cautelarmente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director general operativo, general Manuel Llamas, del mando de la Unidad Central Operativa y, en concreto, del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, el departamento que dirige el teniente coronel Antonio Balas.
En concreto, las acusaciones populares solicitaron al juez que prohíbiese cautelarmente a González y Llamas "ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión" sobre la DIECAN y sus agentes y se atribuyesen esas facultades "a un mando ajeno a la cadena de los investigados".
También solicitaron que se les impusiera "la prohibición de incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento".
Y "la prohibición de acceso a la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso, así como la de comunicarse, directamente o a través de terceros, con los agentes y testigos que han declarado en la causa".
"No es sólo el correcto funcionamiento de la Administración, sino, de manera nuclear, la indemnidad de la actividad de auxilio a la Administración de Justicia que la UCO desarrolla, bajo la dirección de los distintos órganos judiciales, en procedimientos penales de la máxima sensibilidad", argumentaron.
Pedraz no considera precisas esas peticiones "en cuanto ya consta en la causa que la unidad actuante, y en cuanto policía judicial que lo es, solo habrá de dar cuenta a este instructor, sin perjuicio de que, como es obvio, si de alguna forma la misma se considera inquietada en sus funciones habría de ponerlo en conocimiento de este Juzgado".
