Guerra en la Abogacía: el Consejo General sale al paso de que Madrid suprima requisitos de colegiación unilateralmente

Esta norma exige que, para colegiarse como profesional de la Abogacía, es preciso acreditar que no se ha sido sancionado disciplinariamente con la expulsión de un Colegio de la Abogacía y que no se está incurso en causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para ser letrado.

El Estatuto encomienda al CGAE la expedición de esos certificados.

Pese a la taxatividad de la norma, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha decidido de forma unilateral suprimir la exigencia de esos certificados, que ha sustituido por una 'declaración responsable' en la que el propio aspirante a la colegiación manifiesta cumplir esos requisitos.

Además, el ICAM "requiere" al CGAE que proceda a la "debida comprobación" de las declaraciones responsables.

El ICAM es el Colegio de abogados más grande de España. Solo entre el 1 de enero -cuando entró en vigor la eliminación de los certificados del CGAE- y el pasado día 21 se registraron 180 solicitudes de incorporación.

El Colegio de la Abogacía de Madrid justifica su decisión en su voluntad de "suprimir pagos innecesarios y facilitar el acceso a la colegiación". La emisión de los certificados cuesta 165,95 euros para los nuevos colegiados ejercientes y 101,58 euros para los no ejercientes.

Reacción del CGAE

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española ha comunicado al ICAM que no admitirá otro procedimiento de colegiación que no sea el establecido en el Estatuto, que exige el mencionado certificado y no una mera declaración responsable.

Según un comunicado difundido este miércoles, el CGAE también ha indicado que los nuevos colegiados que no hayan solicitado y obtenido el certificado "no podrán ser incluidos en el Censo Oficial de Letrados, independientemente de si un Colegio les ha otorgado la colegiación". El acceso a la profesión depende de cada Colegio, pero el censo es gestionado por el Consejo General.

Estas decisiones también se han trasladado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a los 83 Colegios de la Abogacía y a los decanos de las Facultades de Derecho.

"El Consejo quiere garantizar de esta forma la plena seguridad jurídica en un trámite tan importante y de interés público como es la colegiación", señala el comunicado.

Este conflicto es el último de una serie de desencuentros entre el CGAE y el Colegio de Madrid, cuyo decano es Eugenio Ribón.

El pasado septiembre el ICAM presentó una propuesta para reformar los presupuestos del CGAE al estar en desacuerdo con su modelo de financiación y gestión.

Ribón planteó reducir determinadas partidas, como dietas y sueldos directivos, que no fueron aceptadas. El CGAE considera que el planteamiento del ICAM no tiene en cuenta la realidad de Colegios que no son el de Madrid ni el coste de las funciones que realiza el Consejo.

Paralelamente, el ICAM ha dejado de abonar al Consejo General pagos que, según afirma, se deben a servicios duplicados que ya presta el Consejo del Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid.

La Junta de Ribón sostiene que "dichas duplicidades carecían de justificación y suponían un perjuicio directo para los intereses económicos de los colegiados" madrileños.

El ICAM no cuestiona la necesidad de que los Colegios hagan una aportación trimestral al presupuesto del CGAE, pero considera que su cuantía debe modularse con apoyo en la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo cuando existen consejos autonómicos que realizan las mismas funciones que los consejos generales.

El CGAE ha presentado una demanda contra el ICAM en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en reclamación de esos pagos.

Además, en la reunión del Pleno del CGAE celebrada el 23 de enero en Cuenca, a la que no asistió Ribón, se decidió cesar al decano del ICAM como vicepresidente del Consejo. En su lugar fue elegida Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.