El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en un acto celebrado el pasado 21 de enero. Europa Press
Jordi Pujol, casi centenario y enfermo, ante la hora de la verdad: el fiscal pide para él 9 años por blanqueo y delito fiscal
El tribunal debe resolver el lunes, antes de iniciar la vista oral, si el estado mental del expresidente de la Generalitat le permite ser sometido a juicio.
El primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola, se enfrenta a penas que suman 29 años de cárcel.
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El juicio del caso Pujol es el juicio a una época, sin la que no se comprendería, del todo, la historia reciente de España. La era Pujol. El pujolismo.
Este lunes, la Audiencia Nacional inicia la vista oral, con la duda de si la Sección Primera de la Sala de lo Penal optará por que Jordi Pujol i Soley, a sus 95 años y aquejado de un severo deterioro de su salud física y mental, sea o no juzgado.
El tribunal tomará una decisión tras la comparecencia, al inicio del juicio y por videoconferencia, del expresident catalán, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de nueve años de cárcel.
También están acusados sus siete hijos y la exesposa de su primogénito. Marta Ferrusola, la mujer del expolítico, quedó fuera del procedimiento en 2021 debido, precisamente, a una demencia severa certificada por informes médicos forenses. Posteriormente, en 2024, falleció.
La defensa de Pujol cree que el otrora molt honorable debe correr la misma suerte.
La Fiscalía considera que la familia, el clan Pujol, actuó como una organización criminal cuando este apellido parecía, prácticamente, sinónimo de Cataluña.
Según el escrito de acusación de Anticorrupción, de más de 200 folios, sus miembros, "actuando conjuntamente", ocultaron, al menos desde 1991, una "ingente cantidad de dinero" en Andorra.
Esos fondos serían "producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la Administración pública catalana".
El Ministerio Fiscal acusa al expolítico y a sus hijos de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.
El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, es quien afronta una petición de pena más severa por parte de Anticorrupción: un total de 29 años de cárcel.
Según Anticorrupción, el expresident "aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol i Soley y determinados empresarios afines al partido que éste lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya, se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control" de esta formación política.
Este patrimonio obtenido, supuestamente, de manera ilícita fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante operaciones de blanqueo, según Anticorrupción, en las que habrían intervenido los miembros de la familia, de manera coordinada, a lo largo de años y años.
De acuerdo con el escrito de acusación, Pujol Ferrusola fue quien gestionó esos fondos. El resto de sus hermanos (Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer) afrontan penas de entre ocho y catorce años de cárcel.
La exesposa del primogénito del clan, Mercè Gironès, también se enfrenta a una petición de 17 años de cárcel por parte de Anticorrupción, por su supuesto papel clave en el entramado económico y las operaciones de blanqueo.
Como sucede con los juicios a una época, el juicio se prevé largo. Se extenderá hasta la primavera de 2026. Hay 254 testigos citados. Entre ellos, políticos, exdirectivos bancarios y policías.
Llega más de una década después de la confesión pública de Jordi Pujol sobre la existencia de dinero oculto en el extranjero, hecho que precipitaría investigaciones más amplias contra toda su familia.
El patriarca defendió, en 2014, que el dinero provenía de la herencia que le dejó su padre, Florenci Pujol i Brugat, un banquero ligado a la burguesía catalana y que falleció en 1980.
Los Pujol están acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos fiscales.
