Un tribunal cuestiona el modelo de pulseras antimaltrato: no da validez al informe inculpatorio por ser de una empresa privada

Y, pese a estar adscrito al Ministerio de Igualdad, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en una sentencia de esa fecha, no le dio a su dictamen la misma validez que a uno oficial.

Como señalaron los magistrados, el informe de Cometa estaba rubricado por uno de sus trabajadores; es decir, un empleado "de una empresa privada".

"Tales informes del centro Cometa provienen de un organismo privado, pues el Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del sistema de seguimiento con una empresa privada", razonó el tribunal canario.

La mencionada sentencia está fechada el 21 de noviembre de 2024. Y relata que antes, en 2016, el acusado fue condenado a seis meses de prisión por malos tratos habituales y a trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de lesiones en el ámbito familiar.

El Defensor del Pueblo ya avisó en 2020 de "numerosos fallos" de las pulseras "que perjudican aún más a las víctimas"

Posteriormente, en junio de 2024, el Juzgado de lo Penal 2 de Santa Cruz de Tenerife volvió a condenarle. En este caso, por "un delito continuado de quebrantamiento de condena".

Aquel fallo narraba que el acusado "impidió el funcionamiento normal del dispositivo" y provocó 79 alarmas de incidencia "relacionadas con la separación del brazalete", tal y como recogía el informe de Cometa. De ser así, el varón podría haberse acercado a su víctima, pese a tenerlo prohibido.

Sin embargo, y pese a la oposición de la Fiscalía, la condena por el delito de quebrantamiento quedó anulada en noviembre de 2024 por parte de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Esta última resolución indica que "no cabe asignar" a los informes del centro Cometa "una eficacia de pericial documentada con privilegio legal ni jurisdiccional".

Es decir, en este caso, este dictamen no fue considerado equiparable a, por ejemplo, un atestado pericial o a un documento rubricado por un Instituto de Medicina Legal.

De hecho, la abogada del acusado impugnó este documento. Y su autor, empleado del centro Cometa, nunca llegó a ratificarlo en un juicio. Además, según consta en la sentencia, la emisión de dicho informe no propició ninguna actividad policial.

"Lo cierto es que la sentencia [condenatoria, la del Juzgado de lo Penal 2 de Santa Cruz de Tenerife] se apoya en tales informes [del centro Cometa] y no en informes policiales que hayan comprobado el hecho]", expuso la Audiencia Provincial.

El tribunal también señaló que no existe "prueba directa" que constate que el maltratador se acercó a su víctima de forma indebida. El informe del centro Cometa tan sólo alertaba de "avisos de funcionamiento defectuoso".

Así las cosas, la Audiencia Provincial eliminó el relato de hechos probados antes mencionado y lo ordenó sustituir por el siguiente: "Existieron 79 incidencias [con el brazalete], desconociéndose que el origen o causa fuese el voluntario comportamiento [del acusado]".

Ahora bien, no siempre sucede así. Otros jueces y tribunales sí dan la misma validez a los informes del centro Cometa que a un documento oficial.

Fragmento del acta de la reunión de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género de Granada. EL ESPAÑOL

Así lo señaló el 19 de febrero de 2025 la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada.

En esa fecha, esta juez formó parte de la reunión anual de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género. "Los informes Cometa tienen presunción de veracidad", manifestó en ese encuentro la magistrada.