La jueza cita como imputada a Paz Esteban, exjefa del CNI, por el espionaje a dos diputados de ERC con el programa Pegasus

La jueza que investiga el espionaje con el programa Pegasus a los diputados de ERC en el Parlament y la Eurocámara Josep Maria Jové y Diana Riba, ha citado como imputada a la exjefa del CNI Paz Esteban.

La noticia, adelantada por ElNacional.cat y confirmada por el diario EL ESPAÑOL, imputa en la causa que se instruye en el  juzgado de instrucción 20 de Barcelona a la que fuera jefa de los servicios de inteligencia hasta mayo de 2022.

Paz Esteban, como máxima responsable de los espías que según la juez investigaron a distintos representantes del independentismo presuntamente sin control judicial está citada a declarar para el próximo 29 de septiembre.

La hasta hace tres años jefa del CNI figura como investigada en tres causas distintas de este mismo escándalo, en distintos juzgados de la Ciudad Condal.

Los Mossos d'Esquadra, en un reciente informe, acreditaron que el expresident Aragonès fue espiado en 2018, antes de los permisos concedidos por el juez del Tribunal Supremo que autoriza las actividades de los servicios de inteligencia. Eso conllevaría a que la intrusión mediante el software israelí en los teléfonos de los separatistas se habría realizado sin control judicial.

Paz Esteban figura como investigada en tres causas diferentes por el escándalo de espionaje, según describen fuentes jurídicas al tanto de la causa. El auto de la jueza con la imputación de Paz Estaban todavía no ha sido notificado a las partes, según señalan las mismas fuentes.

El Gobierno espía a sus socios

Hace año y medio, varios miembros de los servicios de inteligencia desmentían al Gobierno en EL ESPAÑOL, afirmando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez conocía a la perfección las operaciones que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que las autorizó para espiar con el software Pegasus el teléfono de Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña.

Según los testimonios que pudo recabar EL ESPAÑOL, para los agentes resultaba del todo "increíble" que el gabinete de Sánchez se defendiese culpando de este episodio al Gobierno de su predecesor, Mariano Rajoy: "Decir que el Gobierno no sabía nada de un asunto de esta enjundia es una cosa muy seria".

"Lo sabían, lo autorizaron, lo podían haber cortado y no lo hicieron", señalaba otro de los miembros del Centro. El ejecutivo, por medio de ministros como Félix Bolaños, siempre se ha excusado señalando que el espionaje a los teléfonos del independentismo comenzó antes de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa. "El Gobierno, en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado, porque eran operaciones que venían de antes", aseguró este viernes en Bruselas.

Sin embargo, el contenido de los autos del juez de Control al CNI del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, demuestra que la autorización a los servicios de inteligencia para realizar las escuchas sobre el dirigente de ERC comienza en julio de 2019 y se extienden hasta enero de 2020. En total, 3 autos judiciales en los que se daba el consentimiento para instalar ese programa en el teléfono del líder separatista. Pero en 2018, con Sánchez en el poder, también se estaba espiando el teléfono de los separatistas.

El objeto de la investigación sobre el president Aragonès y otros representantes de primera fila del independentismo radical no era otro que sus conexiones con los CDR (Comités de Defensa de la República), ya que los servicios de inteligencia sospechaban que podía haber personas como el propio Aragonès, entonces mano derecha del president Quim Torra, que los coordinasen desde la propia Generalitat para desestabilizar la situación política los meses previos y posteriores al conocimiento de la sentencia del procés. 

Así lo confesaron a este diario fuentes conocedoras del contenido de los papeles secretos del CNI que este martes fueron desclasificados en el Consejo de Ministros. La primera vez que el dispositivo de Aragonès y el de otros relevantes actores del mundo separatista fue en 2019, cuando Sánchez ya se sentaba en la Moncloa. Era el momento también en que el Ejecutivo negociaba con ERC para obtener su apoyo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

"Cualquier servicio de inteligencia de un estado europeo lo haría", prosigue una de las fuentes de inteligencia consultadas, en referencia a intervenir los teléfonos de los independentistas en una situación tan convulsa como la que se vivió en Cataluña entre 2016 y 2019.