Cerdán recurre su prisión, basada en la "creatividad del juez" y en los audios de Koldo, un "colaborador policial"

El instructor del alto tribunal acordó la prisión preventiva incondicional de Santos Cerdán por el riesgo de que destruya pruebas de los delitos de corrupción a los que se enfrenta, relacionados con una trama de adjudicaciones públicas a cambio de sobornos de la que también formarían parte el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asistente, Koldo García Izaguirre.

Este último tiene un papel central en el recurso, que ha sido interpuesto directamente ante la Sala de Apelación, a la que pide que celebre una vista para su debate.

En el domicilio de García fueron incautadas grabaciones que constituyen el principal elemento incriminatorio contra Cerdán.

"El contenido exacto y veraz de estas grabaciones nos plantea una importante duda", dice el recurso.

Señala que "muchos de sus pasajes son ilegibles", que algunos metadatos "no coinciden" y que uno de ellos "ha necesitado ser limpiado".

Además, "antes que estuvieran a disposición de este Tribunal ya circulaban en la prensa".

"Nos vemos obligados a dudar no solo por estas insuficientes garantías de custodia" sino también por las "especiales circunstancias", dice, que rodean "la obtención y conservación" de las cintas.

"El supuesto autor de la grabación, Koldo García, se graba a sí mismo mientras realiza la proposición delictiva y esta proposición delictiva es al mismo tiempo la conducta delictiva y la pretendida prueba sobre el delito", indica.

"Todo ello", añade, "por parte de un señor que es público y notorio que ha sido colaborador habitual de la Guardia Civil, en la lucha antiterrorista, incluso condecorado en 2018, contratado como escolta, indultado... y del que se comprueba que desarrolla un papel claramente misterioso en este expediente (no olvidemos que en su domicilio se llegaron a encontrar hasta 23 teléfonos móviles aparte de una grabadora Philips)".

La defensa de Cerdán, ejercida por el abogado Benet Salellas, sostiene que son audios "realizados y preservados de forma fragmentaria durante años por un posible colaborador policial que acaba como coinvestigado no son la mejor prueba garantista, objetiva e independiente para utilizar para acordar una prisión provisional en un proceso penal democrático".

Sobre su patrimonio: "No hay más"

También cuestiona su relación con la empresa navarra Servinabar, que aparece en el epicentro de adjudicaciones que son investigadas.

Para la defensa, el documento por el que Cerdán compraba el 45% de la mercantil fue un "borrador" que "no fue elevado a público ni tiene efecto jurídico alguno frente a terceros", por lo que "difícilmente puede extraerse conclusión alguna del mismo".

Además, las supuestas “mordidas” por adjudicaciones "no se han investigado todavía, ni se ha constatado irregularidad alguna, ni tampoco se ha advertido la causación de sobrecoste alguno, ni se ha podido relacionar a fecha de hoy a las adjudicatarias con Cerdán", cuyo patrimonio durante los últimos años "no se ha incrementado".

Resalta, a este respecto, que ha comunicado al instructor el saldo de sus cuentas, que vive de alquiler en Madrid y tiene una casa en propiedad con una hipoteca y un vehículo. "No hay más", asegura.

Tampoco consta "comunicación alguna entre Cerdán y las constructoras" ni tampoco la existencia de "pagos, reclamaciones, cobros o transmisión alguna de activos" entre él y Ábalos o Koldo García.

"Voluntarismo" del instructor

La resolución judicial habla de que los posibles sobornos serían el 1% de las adjudicaciones investigadas "por mera 'creatividad judicial, porque nada hay en la causa que permita establecer este porcentaje, de hecho, ni este ni ninguno".

"En definitiva", resume, "se desprende un claro voluntarismo en la construcción de una hipótesis acusatoria, pero no se llega a concretar cuál es la base que sustenta esta hipótesis en cuanto a las fuentes de prueba".

La defensa habla de “causa general” contra Cerdán “para ver si” finalmente aparece un indicio sólido y critica al instructor por asumir "de una forma totalmente acrítica” el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El recurso plantea "si alguien puede haber solicitado la medida de prisión provisional a la espera de provocar de Santos Cerdán una confesión" y subraya el "grave agravio comparativo" de ser el único investigado en prisión mientras que los demás se hallan en libertad "a pesar de que todos ellos se encuentran relacionados con una imputación fáctica mucho más amplia que la imputación de Cerdán".

Motivaciones políticas

El recurso responde a réplica que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, dio al alegato de Cerdán de que el único motivo" por el que "estoy hoy aquí" es "mi militancia socialista" y haber sido "uno de los arquitectos para conseguir gobiernos progresistas".

Luzón consideró esas afirmaciones "ofensivas" para el Poder Judicial y sugirió al investigado que "repase las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción durante los últimos 25 años".

La defensa no insiste en que se trate de una causa política, pero sí sostiene que en "aquellos supuestos, como el presente, en el que por la naturaleza política del investigado y de su labor personal y profesional en los años objeto de investigación, la causa inescindiblemente mezcla aspectos relativos a su vida política" es "lógico" que "las explicaciones e interpretaciones que realiza el investigado en su declaración -que se considera y declara inocente- busque también en el universo político los motivos de su estatus procesal".

"No es solo una cuestión que unilateralmente exponga el investigado en su análisis de la causa", añade. "Es que en este momento las autoridades europeas han señalado la necesidad de que los Tribunales establezcan especiales cautelas en cuanto a la posibilidad que el sistema judicial sea utilizado de forma estratégica para influir en el sistema político".

Alude, en este sentido, a que "consta acreditado el interés" del PP, VOX y UPN "en la acusación y prisión provisional" der Cerdán, por lo que -subraya- es preciso "evitar a todas luces la burda utilización política de la Administración de Justicia".