
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. EUROPA PRESS
La asociación de fiscales que acusa a García Ortiz pide para él 6 años de prisión y que Santos Cerdán declare en el juicio
La APIF acusa al fiscal general del Estado de prevaricación y reprocha el "cuestionamiento del prestigio" de la Fiscalía que ha supuesto este procedimiento.
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares en la causa judicial contra Álvaro García Ortiz, pide para él seis años de prisión por un supuesto delito de prevaricación.
También solicita que el recientemente cesado secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declare en el juicio.
Así consta en el escrito de acusación de la APIF, firmado por los cuatro abogados que representan a la asociación en este procedimiento: Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoleón Cánovas.
García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido investigado por la filtración a la prensa de un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, admitía a la Fiscalía la comisión de un fraude fiscal por parte de su cliente.
Aquel e-mail fue enviado el 2 de febrero de 2024 por el letrado Carlos Neira al fiscal de Delitos Económicos Julián Salto.
En ese correo, el abogado reconocía que, "ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública" por parte de González Amador. Y se abría a alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que evitase que el novio de Ayuso entrase en la cárcel.
Ahora bien, el contenido de ese correo, así como pantallazos del mismo, fue publicado por la prensa.
En concreto, su literalidad apareció en la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024, dos horas después de que llegara a la Fiscalía General tras ser enviado por la Fiscalía de Madrid. A la mañana siguiente, la web de El Plural difundió la propia imagen del mail.
La noche del día 13, a las 21:29 horas, El Mundo había publicado una noticia —falsa— que relataba que era Salto quien ofreció un pacto al novio de Ayuso.
No era así. El ofrecimiento, en efecto, partió del abogado Carlos Neira, tal y como se aprecia en el correo fechado el 2 de marzo.
Posteriormente, en la mañana del 14 de marzo de 2024, la Fiscalía difundió un comunicado que desmentía a El Mundo.
Este caso judicial se inició con una querella de González Amador contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal que le denunció por fraude tributario, Julián Salto. Para Rodríguez, la APIF solicita la pena de cuatro años de prisión.
El procedimiento fue derivado al Supremo el pasado 15 de octubre, después de que el fiscal general asumiera en primera persona la difusión de una nota de prensa. Al estar aforado García Ortiz, sólo el Alto Tribunal es competente para investigarle.
El pasado 9 de junio, el juez Ángel Hurtado, encargado de esta instrucción, propuso enviar al banquillo al fiscal general. Pese a ello, el Gobierno mantiene su apoyo total a García Ortiz, quien, a su vez, descarta dimitir.
"La confidencialidad y reserva a que tenía derecho Alberto González Amador sobre el concreto contenido del correo de 2 de febrero de 2024 solo se vio quebrada cuando alguien ajeno a él y sin su autorización filtró su contenido", señaló Hurtado en la resolución en la que proponía que García Ortiz fuese juzgado.
El instructor también señaló que García Ortiz actuó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno".
"Aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas [con la información falsa de que la Fiscalía era la que ofreció el pacto], García Ortiz, conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales".
Según el juez, "todos los indicios apuntan" a que fue García Ortiz el que proporcionó el contenido del correo del 2 de febrero a la Cadena SER, el primer medio que lo difundió a las 23:25 horas del 13 de marzo de 2024, tras haberlo recibido de Pilar Rodríguez a las 21:59 horas.
La noticia de esta emisora, aunque no incluía el pantallazo del e-mail, citaba fuentes de la Fiscalía y anunciaba que se estaba preparando una nota.
"Delincuente confeso"
Desde que se hizo público el correo electrónico, la cúpula del PSOE y destacados miembros del Gobierno de España lo han usado para tachar a González Amador de "delincuente confeso" y "defraudador confeso". Y para atacar, de ese modo, a quien es su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En su escrito, la APIF atribuye a García Ortiz un delito de prevaricación administrativa "en concurso medial con un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos".
Subsidiariamente, le consideran autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el que solicitan cinco años de cárcel.
La APIF también pide la testifical en el juicio de Julián Salto, de la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, de un periodista de la Cadena SER, de la exdirectora de El Plural, de la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera y del exsecretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato.
Según consta en la documentación de la causa, Sánchez Acera tuvo acceso a un pantallazo del correo electrónico. Antes, incluso, de que El Plural publicase la imagen del mismo.
Este ex alto cargo, por entonces, era jefa de gabinete de Óscar López, quien era, a su vez, jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
A las 08:30 del 14 de marzo de 2024, Sánchez Acera mandó dicho pantallazo a Lobato, quien era todavía el secretario general del PSOE madrileño y quien, un par de horas después, debía interpelar a Ayuso en la Asamblea de Madrid.
Tal y como consta en el chat de WhatsApp entre ambos, el mensaje de Sánchez Acera a Lobato fue "reenviado", como alerta una anotación que la app genera automáticamente cuando eso sucede.
Es decir, una fuente anónima, que la ex alto cargo de Moncloa no pudo identificar de forma clara cuando testificó en el Supremo, le mandó la imagen. Ella, posteriormente, se la envió a Lobato.
Sánchez Acera le dio indicaciones al político sobre cómo atacar a Ayuso desde su escaño. Hoy, Lobato ya no es el líder de los socialistas madrileños. Se mantiene, eso sí, como senador del PSOE.