Más del 80% de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura apoya la huelga contra la 'reforma Bolaños'

El mismo día del paro, Bolaños calificó de "inmovilismo" la actitud de estos colectivos y manifestó que "es humano, y en el sector de la Justicia habitual, mirar con recelo los cambios".

Según Bolaños, la reforma del sistema de acceso a la Judicatura y la Fiscalía y la modificación del estatuto de la Fiscalía son "necesarias para europeizar y modernizar nuestro Poder Judicial".

La presidenta del CGPJ pide el cese de "presiones intolerables" e "insultos" a jueces tras los últimos ataques del Gobierno

En los primeros compases de la reforma, Bolaños hablaba también de "democratizar" el acceso a la Judicatura. En las últimas semanas, sin embargo, ha abandonado ese discurso, que se da de bruces con la realidad.

Por tomar los datos de la última promoción de jueces, 7 de cada 10 de ellos no cuenta con ningún jurista entre sus allegados y el 34,3 % procede de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores.

La opinión de Bolaños choca con la de cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales (todas, menos las afines al Gobierno) y con la del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hizo un informe muy crítico con el cambio del sistema de acceso a la carrera judicial y con la estabilización de cientos de sustitutos para los que se diseña una vía de ingreso sin oposición.

La propia presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha insistido en la "accesibilidad, publicidad, transparencia y objetividad" del actual sistema, que, a su juicio, "son la mejor garantía de la pluralidad de la carrera judicial".

Y la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo aprobó 24 horas antes del paro un comunicado en el que indicó que "la imprescindible creación sostenida de plazas para lograrlo no puede prescindir del rigor en la selección de los que vayan a cubrirlas por medio de procedimientos coherentes con los artículos 14, 23 y 103 de la Constitución".

"Esto es", agregaba el alto tribunal, "que se resuelvan únicamente con arreglo a criterios de mérito y capacidad en condiciones de igualdad, como los ya existentes, acreditados por una larga experiencia".

Por primera vez, magistrados del Tribunal Supremo y fiscales destinados en este órgano participaron en el paro del pasado miércoles.

Durante la concentración se leyó un comunicado conjunto de las asociaciones convocantes (las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Fiscales, por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), en el que afirman que el proyecto de ley que, entre otras medidas, pretende modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, "tramitado injustificadamente por vía de urgencia, no responde a demanda social alguna".

Se trata de una reforma legal que "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo
pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración", sostienen las asociaciones.

Tras el paro del pasado miércoles, y vista la reacción de Bolaños, las asociaciones anunciaron que iban a iniciar un "proceso de consulta" a sus respectivas bases con el fin de valorar el grado de respaldo a una eventual convocatoria de huelga.

La Asociación Profesional de la Magistratura —que por sí sola reúne al 26% de la carrera judicial— celebró el viernes ese proceso, en el que más del 80% de sus 1.412 afiliados apoyaron la huelga.

El comunicado del pasado miércoles ya dejaba claro que, si se confirmara un "respaldo mayoritario", "procederemos a convocar la huelga, como medida legítima, responsable y proporcionada frente a unas reformas legislativas que comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal".