Imagen de archivo de un Jaguar E-Type, sin relación con los hechos narrados en esta noticia.
Ferraris, Porsches y un Jaguar E-Type: el juez busca 22 coches de lujo desaparecidos y vinculados a la estafa del mecenas de Alvise
La Audiencia Nacional ordena a la Policía Judicial que averigüe su paradero, pues ya no están en el concesionario donde, hasta noviembre, reposaban.
Más información: El juez bloquea 29 millones en una cuenta de Singapur a la que se envió el dinero de la estafa promocionada por Alvise
El juez encargado del caso Madeira ha ordenado localizar un total de 22 coches de lujo vinculados a la supuesta estafa piramidal que investiga en esta causa.
Se trata de, entre otros, un Ferrari Testarrossa, un Ferrari 430 Scuderia, un Ferrari F355 Berlinetta, un Porsche 911 Turbo S, un Ford Mustang 302, un Bentley Bentayga Azure V8, un Jaguar E-Type, un Alfa Romeo Alfa 8C Competizione y un Mercedes Benz S 650 Maybach.
Tal y como indica el juez José Luis Calama en una resolución, "no consta el paradero" de estos vehículos. Por ello, ordena a la Policía Judicial que lo averigüe.
En esta causa judicial, el magistrado investiga la supuesta estafa cometida por el conglomerado empresarial Madeira Invest Club (MIC).
Su dueño es Álvaro Romillo, que operaba bajo el alias de CryptoSpain. Se trata del mismo empresario que confesó ante la Fiscalía haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para sufragar su campaña a las elecciones europeas.
El pasado 18 de noviembre, el magistrado ya ordenó el decomiso de un total de 27 vehículos vinculados a las empresas que forman parte del MIC.
La Policía tenía localizado el concesionario en el que estaban todos esos coches. Sin embargo, cuando los agentes lo registraron, sólo hallaron tres. El resto, los 22 que ahora se buscan, habían sido sacados de allí poco tiempo antes.
Todos los automóviles pertenecen a dos empresas: PKW Italien SL y EluLegal España SL. Las dos compañías, según la Policía, forman parte del conglomerado del MIC.
En concreto, el administrador único de EluLegal España SL es Pedro Estanislao Bris, uno de los investigados por la Audiencia Nacional.
Por su parte, PKW Italien SL era la mercantil que gestionaba el mencionado concesionario. El recinto llevaba por nombre PKW Drive Club y está ubicado en la calle Víctor de la Serna, en Madrid.
Tal y como resume el juez Calama en varias resoluciones, Madeira Invest Club se presentaba como un "club privado de inversión". En 2024, sin previo aviso, su web se clausuró y los retornos a los inversores cesaron.
El empresario Álvaro Romillo, junto a sus abogados, en la Audiencia Nacional.
Ello provocó que decenas de personas, que habían confiado su dinero al MIC, denunciaran a Romillo, a sus empresas y a varios de sus allegados y colaboradores.
Era posible invertir en Madeira Invest Club tanto mediante dinero digital como a través de efectivo y criptomonedas. Según promocionaba el MIC, con estas cantidades se invertía en promociones inmobiliarias, relojes, coches de lujo, obras de arte digital en formato NFT, restaurantes...
![Alvise Pérez, en el acto de promoción de Madeira Invest Club.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/09\/20\/invertia\/empresas\/887422270_249379286_320x180.png"])
Cuando aún era candidato a las elecciones europeas, Alvise Pérez, en un acto en el Hipódromo de La Zarzuela, recomendó la inversión en el MIC.
Ello, pese a que, en 2023, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió sobre este chiringuito financiero. Con estas palabras lo calificó la CNMV.
Ya en 2024, cuando estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional, Álvaro Romillo confesó que meses atrás había entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez.
Los mensajes entre ambos que aportó prueban que éste los habría usado para sufragar gastos de su campaña al 9-J. Por ello, el Tribunal Supremo investiga ahora si ello constituyó un delito de financiación ilegal de partidos.
150 millones
Los denunciantes cifran el alcance de la supuesta estafa en un total de 150 millones de euros. Tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, el juez Calama ya ha ordenado bloquear 29 millones de euros en una cuenta en Singapur.
Según sospecha el juez, a ella se derivó una parte de las inversiones efectuadas por los ahora denunciantes.
Varios grupos de ellos ya han solicitado a la Audiencia Nacional que envíe a prisión a Álvaro Romillo, debido al "riesgo de que se fugue de España".
El instructor lo denegó, aunque el despacho Zaballos Abogados, que defiende a la mayor parte de los inversores perjudicados, ya ha recurrido esta decisión.
El futuro de CryptoSpain está ahora en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que deberá corregir o avalar esta decisión de Calama.
