El exministro de Sanidad Salvador Illa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El exministro de Sanidad Salvador Illa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press

Tribunales

Anticorrupción archiva la investigación sobre los contratos Covid de emergencia del Gobierno

"La hipótesis delictiva planteada por el denunciante se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria", argumenta Alejandro Luzón.

13 julio, 2022 12:53

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar la investigación sobre los contratos de emergencia del Gobierno que preside Pedro Sánchez denunciados por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid al no apreciar "indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos investigados".

En un decreto de este martes, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pone el foco en "la patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante, que se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria".

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En abril, la Fiscalía acordó la incoación de diligencias para el esclarecimiento de hechos que revestían una "especial trascendencia". Se abrió entonces una investigación por cada una de las siete empresas "supuestamente favorecidas", entre las que estaban Beedigital -a la que la denuncia vinculaba con la ministra de Economía, Nadia Calviño- e Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres del presidente del Gobierno.

15 ayudas

Ahora, y tras archivar únicamente la relativa a los padres de Sánchez, el fiscal asegura que el denunciante "nada aporta acerca de la intervención que pudiera haber tenido el presidente del Gobierno o cualquier otro cargo público en la obtención de las ayudas". "Esto es, sobre su participación en unos hechos cuya trascendencia penal tampoco se concreta", señala.

Anticorrupción decidió investigar los hechos "en la medida en que la denuncia siembra la duda sobre las ayudas percibidas por Industrias Plásticas Playbol", al sugerirse que "podría haberse visto beneficiada por esa relación con la empresa arrendadora de los locales donde se desarrolla su actividad, propiedad de los padres" de Pedro Sánchez.

En concreto, las operaciones denunciadas se refieren a quince ayudas recibidas por la citada sociedad: tres en las que intervino la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) y doce el Instituto de Crédito Oficial (ICO).