Los guardias civiles que investigaron a los CDR desvinculan al CNI de la 'Operación Judas'

Los guardias civiles que investigaron a varios independentistas catalanes por su supuesta pertenencia a una célula violenta adscrita a los CDR (Comités en Defensa de la República) han desvinculado al CNI de esta operación, denominada Judas.

Este lunes, los seis agentes han declarado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde los abogados de los CDR les han consultado por el origen de sus investigaciones, iniciadas un año antes de las detenciones que se produjeron el 23 de septiembre de 2019. Los testigos no lo han especificado, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes presentes en el interrogatorio.

Este sumario, en el que aún hay una pieza que se mantiene secreta, se deriva de unas diligencias abiertas casi dos años antes, en 2017, en pleno procés independentista. Es por este origen por el que las defensas han preguntado insistentemente a los guardiaciviles.

Las defensas también han preguntado si, además del habitual, usaron algún otro software para efectuar los pinchazos telefónicos.

El pasado año, el abogado de uno de los investigados solicitó al juez que se incorporaran dichas diligencias a la causa para comprobar si la investigación contra los CDR "tenía carácter prospectivo".

Entre los agentes que han declarado en la Audiencia Nacional se encuentran la instructora del atestado y el entonces jefe de información del área de Cataluña. Y entre las pesquisas que realizaron destacan las escuchas telefónicas, los seguimientos personales o el registro de las basuras arrojadas al contenedor por los investigados.

Todo ello, según han explicado los guardias civiles sin ahondar en detalles, dado que existían "indicios de terrorismo" y bajo el aval de la Audiencia Nacional. Cuatro de ellos han limitado su labor a tareas burocráticas, administrativas o de oficina, según las mismas fuentes.

En total, trece personas se sentarán en el banquillo por delitos de pertenencia a organización terrorista y nueve de ellos, por tenencia de explosivos. El juez instructor, Manuel García-Castellón, les procesó en septiembre de 2021, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior, estimó la petición de una de las defensas, que consideraba necesario interrogar a los guardias civiles, ya que sus pesquisas, finalmente, han mandado a juicio a los investigados.

Según el magistrado, los trece habrían conformado un Equipo de Respuesta Táctica y planificado una serie de sabotajes y acciones violentas contra edificios públicos de Cataluña.

Estas acciones debían llevarse a cabo una vez conocida la sentencia que condenó por sedición, en 2019, a varios miembros del Govern independentista de Carles Puigdemont por la organización del referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia de Cataluña.

A principios de 2020, la Sala también ordenó al instructor la entrega a las defensas de los audios originales de las escuchas telefónicas efectuadas sobre las conversaciones de los investigados. Los magistrados consideraron "legítimo" que sus letrados quisieran acceder a este material como parte de su derecho de defensa. Fuentes próximas al caso confirman que aún no han sido entregadas.