Anticorrupción se querella contra un hijo de Naty Abascal por inflar precios en un contrato sanitario

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo contra Luis Medina Abascal, hijo de la exmodelo y socialité Naty Abascal y del fallecido duque de Feria, por "inflar" precios para cobrar abultadas comisiones tras intermediar en un contrato de compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid.

Según consta en la querella, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Medina Abascal y su amigo y empresario Alberto Javier Luceño Cerón, "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico", ofrecieron al consistorio de la capital, en marzo de 2020, la posibilidad de adquirir grandes remesas de productos sanitarios contra la Covid-19 fabricados en China.

En total, por todo el encargo, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA —participada al 100% por el Ayuntamiento de Madrid— pagó casi 12 millones de dólares (unos 10 millones de euros) de dinero público.

Por dicha gestión, Luis Medina se habría embolsado una comisión de un dólar por cada mascarilla entregada. O lo que es lo mismo, habría recibido un millón de dólares (unos 920.000 euros) por intermediar en la venta de este producto. Este precio lo había pactado con su amigo empresario, contra el que también se querella Anticorrupción. Y éste último se habría llevado otros tres millones de la misma forma (3 dólares por mascarilla). E, incluso, habría ocultado a su socio que su comisión era tres veces mayor, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.

Por tanto, según expone la Fiscalía, "los querellados lo inflaron [el precio] artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación cuatro millones de dólares; el 148% del precio real del producto".

"Los precios [de venta] los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora", una empresa malaya. "Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir", indica la querella. 

Productos defectuosos

Gran parte de los test que recibió el Ayuntamiento eran defectuosos, indica el Ministerio Público. "Concretamente, de los 250.000, sólo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94%). Otros 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80% y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7%", detalla.

Los guantes de látex que recibió Madrid el 8 de abril de 2020 también eran defectuosos y con condiciones distintas a las ofertadas. "De ínfima calidad", precisa Fiscalía. Cuando una funcionaria notó la diferencia, avisó a Alberto Luceño para pedirle que solucionase el problema. Incluso, "le envió una fotografía tomada en un supermercado de Madrid ese mismo día y en la que se podía comprobar que un par de guantes de la misma calidad y características que los recibidos, por los que el Ayuntamiento había pagado dos dólares (1,8 euros aproximadamente), se ofrecían al público por poco más de 8 céntimos de euro".

El empresario, según detalla la querella de Fiscalía, "intentó calmarla", diciéndole que había hablado con los responsables de la empresa vendedora y había conseguido que rebajaran el precio inicial de cada par, fijándolo ahora en 0,39 dólares. Por ello, tal y como se excusó, la compañía fabricante retornaría al Ayuntamiento más de cuatro millones de dólares. En efecto, esa devolución se produjo. Pero la versión exculpatoria de Luceño, indica el Ministerio Público, era falsa.

"En realidad, había sucedido algo muy distinto, pues 0,38 dólares (0,35€) era el precio por cada par de guantes que [la empresa vendedora] había fijado a Alberto Luceño para la venta desde un principio. El resto, hasta llegar a dos dólares por cada par de guantes que el Ayuntamiento pagó, representaban las comisiones pactadas con los querellados". Y Luceño, de nuevo, habría ocultado a Luis Medina que su mordida era también tres veces superior.

Y, para preservar su propia comisión intacta, maniobró para que el hijo de Naty Abascal no cobrase la suya por esta remesa. "Así se lo transmitió a los responsables de [la empresa vendedora], desde cuya cuenta se emitió una transferencia de 300.000 dólares (274.392€) a la cuenta de Alberto Luceño, para completar las comisiones de 2.100.000 dólares (1.920.744 euros) pactadas con él por la compraventa de los test rápidos".

Documentos falsificados

En total, Alberto Luceño se habría embolsado 5.100.000 dólares (más de cuatro millones y medio de euros) por la venta de guantes, mascarillas y test. Recibió, supuestamente, esta cantidad mediante varias transferencias bancarias remitidas desde Malasia. En su oficina bancaria, en Madrid, presentó, presuntamente, documentos falsificados que le atribuían la competencia "exclusiva" para importar y exportar material sanitario de la empresa vendedora, con los que justificar este enorme ingreso. Esos mismos documentos se los habría facilitado a Luis Medina para que éste también los enseñase en la entidad y pudiese cobrar su comisión, de un millón de dólares. La firma de uno de los directivos de la compañía vendedora del material también sería falsa.

Con todo ese dinero, Luceño pagó una estancia en un exclusivo hotel de Marbella (60.000 euros), tres relojes de lujo de la marca Rolex (45.000 euros) y una docena de vehículos de alta gama, entre los que hay un Ferrari de 355.000 euros, un Lamborghini de 299.999 euros o un Aston Martin DBS Superleggera por valor de 293.000.

Por su parte, Luis Medina gastó casi toda su comisión en la compra de varios bonos y de un velero Eagle 44, al que bautizó como Feria. La embarcación le costó 325.515 euros y la registró en Gibraltar, a nombre de una sociedad abierta junto a su hermano mayor, el actual duque de Feria.

"Momento de extrema carencia"

Según detalla la querella de la Fiscalía Anticorrupción, la relación de amistad de Abascal con un familiar del alcalde Martínez Almeida le permitió conocer el nombre de la responsable del Ayuntamiento "a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones". Esta funcionaria era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. "Desde este momento, las negociaciones ulteriores se llevaron a cabo entre ésta y Alberto Luceño", reza el escrito.

Y éste, aunque se presentó como tal, "ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China". "Del mismo modo, (...) tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya [la nacionalidad de la compañía que iba a realizar la exportación] ni actuaba movido por ninguna intención altruista", como había llegado a manifestar a la funcionaria antes de firmar el contrato.

En su querella, Fiscalía Anticorrupción también recuerda que se firmó "en un momento de extrema carencia de materiales sanitarios" en todas las Administraciones españolas.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid avanzan a este diario que el consistorio, dada su condición de "perjudicado por estos hechos", no descarta personarse "si se demuestra que ha habido un quebranto a las arcas públicas". Y aseguran que dicho familiar del alcalde Martínez Almeida "no conoce a Luis Medina", sino que le contactó una tercera persona que no concretan. "Facilitó el mismo correo electrónico que se aportaba a todos aquellos que contactaron con el Ayuntamiento para la venta de material sanitario", añaden las mismas fuentes. Y recuerdan que ni el consistorio ni ningún trabajador municipal están siendo investigados por estos hechos.