La Fiscalía Anticorrupción echa un cable a Ayuso: "Resulta evidente que no hay malversación"

En un escrito fechado el pasado día 10, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Luzón se dirigió a los fiscales españoles que actúan como delegados de la Fiscalía Europea para indicarles que en las diligencias abiertas en Anticorrupción no existe el más mínimo indicio de que el contrato en el que intervino Tomás Díaz Ayuso dañase los intereses económicos de la UE, de modo que una investigación en esa línea sería "claramente prospectiva".

Luzón ha sido respaldado por la fiscal general, Dolores Delgado, y por la unanimidad de la Junta de Fiscales de Sala en su criterio de que Anticorrupción debe mantener su investigación y no entregarla a la Fiscalía Europea.

Pero este nuevo organismo es autónomo para decidir si inicia sus propias indagaciones. Y así lo ha hecho alegando que el contrato fue financiado por la Comunidad de Madrid con fondos europeos. El decreto de incoación de la investigación se basa en noticias de prensa y en las mismas denuncias del PSOE, Podemos y Más Madrid que dieron lugar a las diligencias de Anticorrupción.

"Sin dilación"

Alejandro Luzón tuvo que remitir esas denuncias a los fiscales europeos delegados, que le reclamaron la entrega de la documentación en un airado escrito fechado el 9 de marzo. En él le recordaban que tenía la obligación de remitir "sin dilación" la información requerida, dándole un plazo de 24 horas.

El fiscal jefe anticorrupción acató el requerimiento, no sin dejar de señalar que lo hacía "en el perentorio plazo impuesto, impropio, a mi juicio, no ya de la consideración debida a las responsabilidades que asume la Jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, sino del propio marco que deben regir las relaciones entre ambas Fiscalías".

A lo largo de cinco folios, el fiscal jefe anticorrupción daba cuenta del contenido de sus diligencias sobre el contrato que afecta al hermano de Ayuso. Y dejaba claro desde el principio que en ellas "no se alcanza siquiera a vislumbrar la pretendida competencia de la Fiscalía Europea".

"Se investiga el posible trato de favor a una empresa [Priviet Sportive, propiedad de un amigo de Isabel y Tomás Díaz Ayuso] por razón de la mediación del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo papel en la contratación no está claro y podría llegar a integrar algún concreto delito" contra la Administración pública.

"Pero ya desde la apertura de la investigación, y a la luz de la documentación presentada por los propios denunciantes y la Comunidad de Madrid, resulta palmaria la falta de fundamento de las calificaciones jurídicas apuntadas por la Fiscalía Europea", añadía.

Para Luzón, "aventurar que 'el perjuicio ocasionado al patrimonio de la Unión Europea ascendería a 1.512.500 euros', cuando ése es el precio total pagado por la compra de mascarillas, similar a otras decenas de adquisiciones de este material por la Comunidad de Madrid en esas fechas, respecto de la que consta toda la documentación de sus características técnicas, factura, certificado de conformidad, documento Adok aprobado, memoria justificativa para la adquisición por razones de urgencia, forma de pago y, sobre todo, albaranes de entrega, resulta insostenible".

"No se precisa un especial esfuerzo argumental ni un pormenorizado análisis de los tipos penales para advertir que ni se ha dado a los fondos 'una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados' ni se han 'falseado' ni 'ocultado' las condiciones requeridas para la concesión de estos. Del mismo modo, resulta evidente que no ha existido malversación, pues no se ha producido apropiación de dinero del patrimonio público", afirmaba.

También remarcaba que el contrato que compromete a los Díaz Ayuso se adjudicó por el procedimiento de emergencia. "Está meridianamente claro que se daba esta circunstancia al tratarse de un contrato celebrado para hacer frente al COVID-19", señalaba.

Tampoco se aprecia, a su juicio, el delito de fraude a los intereses de la Unión que es competencia de la Fiscalía Europea en tres supuestos "que son patentemente inaplicables al caso".

Sin competencia

"La presente investigación no afecta, pues, a delito alguno competencia de la Fiscalía Europea", concluía el responsable de Anticorrupción. Destacaba que "no se pone en cuestión el contrato -no lo hacen siquiera los denunciantes-, sino que [la investigación] atañe a delitos de corrupción que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña: tráfico de influencias, negociaciones prohibidas… en la medida en la que se pueda confirmar o descartar la hipótesis de la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Lo que se dirime en esta investigación es el correcto desempeño de las actividades públicas desde la perspectiva de una Administración prestacional, al servicio de los intereses generales y plenamente sometida a la Ley y al Derecho, conforme a los principios que ordenan su funcionamiento, recogidos en el artículo 103 de la Constitución. Se trata de comportamientos que afectan directa y exclusivamente a intereses nacionales, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española", manifestaba.

Por ello, para Luzón, la apertura de una investigación por la Fiscalía Europea "y, desde luego, la práctica de cualquier diligencia en relación con estos hechos -el presunto desvío de fondos en la compra de mascarillas- tendría una naturaleza claramente prospectiva".

Este miércoles, la Fiscalía Europea, en un comunicado, ha expresado su discrepancia con Dolores Delgado asegurando que la decisión "no se ajusta al derecho de la Unión" y que constituye "un desafío a su supremacía".