Las víctimas del excomisario Villarejo se rebelan frente al pacto del fiscal con varios acusados

El primer juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo por el caso Tándem ha comenzado ante la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional este miércoles, a punto de cumplirse cuatro años desde que el controvertido agente, al que se sitúa en las cloacas del Ministerio del Interior con todos los Gobiernos de la democracia, fuera detenido y encarcelado.

Villarejo se ha sentado en el banquillo de los acusados vestido de toga debido a su condición de letrado, que piensa hacer valer durante la vista. Poco después del comienzo de la sesión, dedicada a las cuestiones previas, se ha sentado junto a su letrado, Antonio García Cabrera. El excomisario ha tomado notas constantemente sin intervenir en ningún momento y, cuando ha querido hacerlo, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, le ha interrumpido: "que lo diga su letrado".

En el banquillo se sientan también su esposa, Gemma Alcalá, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil, que se enfrentan a serias penas de cárcel. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Alcalá, administradora de varias empresas de su marido, entre ellas Cenyt, en las piezas Iron y Land, mientras que el hijo es acusado en la pieza Pintor.

Iron se refiere a un encargo hecho a Villarejo en 2013 por el bufete Herrero y Asociados para que Villarejo investigara si varios de sus antiguos socios y empleados, que se habían marchado de la firma para crear la suya propia, estaban entrando en sus bases informáticas para sustraer contratos de la cartera de clientes.

La pieza Land tiene por objeto otro encargo de espionaje al excomisario en el marco de una disputa interna de la familia García-Cereceda por la herencia del fallecido promotor de la urbanización de lujo La Finca, en Madrid.

Finalmente, en Pintor se juzga la contratación de Villarejo por el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, para espiar a un exsocio y al abogado de éste.

En total son 27 acusados, todos los cuales están en libertad. El juez instructor, Manuel García-Castellón tuvo que poner en libertad al propio Villarejo el pasado 3 de marzo para que no agotara el tiempo máximo de prisión preventiva y ante el retraso en el señalamiento de la vista.

Pactos

Durante la primera sesión se ha sabido que el fiscal Miguel Serrano llegó el pasado viernes a un acuerdo con los directivos del bufete Herrero y Asociados Francisco Carpintero, Mario Carpintero y Álvaro Martínez, que han admitido los hechos objeto de acusación a cambio de una sustancial rebaja de la pena, de modo que no ingresarían en prisión en caso de ser condenados.

Un acuerdo similar ya había sido firmado el 24 de julio de 2020 por los acusados de la pieza Land Susana García-Cereceda, Francisco Peñalver y David Fernández.

También Juan Muñoz y su hermano Fernando han reconocido como ciertas las acusaciones a cambio de la disminución de la pena.

"Son pactos hechos a espaldas de las demás acusaciones", "es un acuerdo sólo con el fiscal", "con nosotros no hay conformidad de ningún tipo", "no han reparado el daño", clamaron uno tras otro los abogados de las víctimas de Villarejo, que ejercen la acusación particular y que por ahora mantienen íntegra sus altas peticiones de pena.

La letrada Dolores Márquez de Prado, defensora de Susana García-Cereceda y Francisco Peñalver, protestó que "no se ha actuado a espaldas de las acusaciones". "Se ha hablado con muchas de ellas, no sólo con el fiscal. Lo que pasa es que han sido tan disparatadas las pretensiones económicas que no se ha podido llegar a un acuerdo".

De no llegarse a un pacto con el resto de las acusaciones, la Sala no estará limitada por los términos del acuerdo entre el fiscal y los acusados a la hora de imponer las penas en un eventual fallo condenatorio.

Nuevos documentos

Durante la primera sesión de la vista, que tiene previsto prolongarse hasta finales de enero, el fiscal planteó diversas cuestiones previas con la pretensión de incorporar nuevas pruebas, sobre todo de carácter documental.

La Sala sólo admitió las relacionadas con las agendas de Villarejo incautadas en un segundo registro de su domicilio el pasado octubre. Pero ha rechazado otras que el fiscal consideraba relevantes para probar distintos extremos de su acusación.

Así, no se ha aceptado incorporar un informe policial procedente de la pieza 29 del macroproceso Tándem. Se trata de un documento de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía que indica que ninguna de las mercantiles del grupo Cenyt estaba autorizada para la prestación de servicios como detectives privados.

"No se trata de acreditar un intrusismo profesional", dijo el fiscal, "sino acreditar cómo Cenyt carece de cualquier tipo de infraestructura material, e incluso de habilitación jurídica, para poder prestar los servicios que contrata con los clientes privados que están en el banquillo. Y oferta esos servicios y se enriquece con ellos porque cuenta con proveedores que son funcionarios públicos del Cuerpo Nacional de Policía".

El fiscal no podrá contar con ese informe ni tampoco con otro documento procedente de la pieza 23 con el que pretendía demostrar que en los ordenadores policiales donde quedaban grabadas las peticiones de información hechas por los agentes constan las realizadas para conocer datos sobre el bufete Balder, el competidor de Herrero y Asociados, así como sobre empleados y exsocios de Herrero.

La Sala fue sensible a los argumentos de las defensas, que protestaron que, a diferencia del fiscal, la mayoría de ellas no tienen conocimiento de todas las piezas del caso Tándem y, por lo tanto, desconocen si hay datos que, contrarrestando los que pretendía utilizar el Ministerio Público, pudiera beneficiar a los acusados. Adujeron, además, que Serrano pudo haber solicitado esas pruebas en su escrito de acusación provisional y no lo hizo.