Carlos Lesmes y Pedro Sánchez en una foto de archivo./
Tribunales
El CGPJ abre el proceso para nombrar 9 cargos más con la amenaza del cambio de la ley
Acuerda sacar a concurso las presidencias de Audiencias Provinciales pese al enfado del Ejecutivo por los nuevos nombramientos en el Supremo
2 octubre, 2020 02:49Noticias relacionadas
La Comision Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado sacar a concurso las presidencias de ocho Audiencias Provinciales y la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que van a ser anunciadas de forma inminente en el Boletín Oficial del Estado.
Se trata de cargos judiciales discrecionales cuyos actuales titulares están en prórroga de mandato desde los pasados meses de marzo, mayo y junio. Todos ellos se eligen para un período de cinco años.
El BOE anunciará los concursos para designar a los nuevos presidentes de las Audiencias Provinciales de Almería, Baleares, Cantabria, Ciudad Real, Granada, León, Navarra y Salamanca, así como al presidente de la Sala Social del TSJ de Baleares.
El anuncio, acordado por el CGPJ el pasado 24 de septiembre, se produce en pleno conflicto entre el Gobierno y el órgano de gobierno del Poder Judicial después de que éste haya ignorado el deseo del Ejecutivo de que no se hiciera ningún nombramiento judicial discrecional alegando que el Consejo está en prórroga de mandato desde diciembre de 2018.
La Ley Orgánica del Poder Judicial no limita las funciones del CGPJ cuando ha sobrepasado su mandato ordinario de cinco años y las fuerzas políticas no se han puesto de acuerdo en su renovación.
El Consejo lanzó el pasado miércoles un mensaje de fortaleza institucional y de autonomía respecto al Gobierno al aprobar, por mayorías raramente vistas, seis nombramientos judiciales del más alto rango: tres presidentes de Sala del Tribunal Supremo y tres magistrados de la Sala Penal. Algunas de estas plazas llevaban vacantes más de un año y el CGPJ reactivó su cobertura a la vista de que las negociaciones para la renovación están estancadas.
Un pacto entre los vocales propuestos por el PP, PNV y la mayoría de los propuestos por el PSOE permitió sacar adelante los nombramientos con un respado de 19 o 18 votos de 21, desoyendo así la injerencia del Ejecutivo.
El Gobierno había presiondo con el fin de que la designación de estos altos cargos judiciales no fuera hecha por el actual Consejo sino por el próximo, en el que espera contar con una mayoría de vocales propuestos por el PSOE y Podemos.
Nombramientos pendientes
El órgano de gobierno de los jueces ha decidido continuar con su agenda de trabajo. Las nueve presidencias que van a ser anunciadas ahora se suman a otras 16 cuyos concursos ya han terminado y se encuentran sólo pendientes de que el Pleno decida el nombramiento.
Hay cuatro presidencias de TSJ (Baleares, Cantabria, País Vasco y Canarias), dos Audiencia Provinciales más (Cáceres y Orense), nueve presidencias de Salas de TSJ y de la Audiencia Nacional y una plaza en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
El Gobierno, con la especial insistencia de Podemos, acaricia desde hace semanas llevar a cabo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para forzar el cambio del CGPJ que preside Carlos Lesmes y, de paso, introducir severas limitaciones en las funciones que podría ejercer un Consejo en prórroga.
La reforma requeriría el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento y pasaría por permitir una renovación parcial del órgano de gobierno de los jueces. Serían elegidos sólo los vocales judiciales con una mayoría simple del Congreso y del Senado, interpretando que la exigencia constitucional de los tres quintos únicamente regiría para los vocales juristas.
Sería un órdago peligroso. De entrada, porque la fórmula de renovación parcial que se baraja presenta un alto riesgo de inconstitucionalidad. Pero también porque daría argumentos al PP en su negativa a pactar la nueva composición de la institución.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa, ha valorado este jueves que "la opción con la que amaga ahora el Gobierno va totalmente en contra de lo que nos están exigiendo las instituciones europeas y los propios ciudadanos”.
"La peor forma de desbloquear la grave anomalía en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial es politizarlo más todavía de lo que ya está", considera.
