El Supremo acuerda investigar a la diputada de JxCat Laura Borràs por malversación

La Sala Penal del Supremo ha abierto este martes un procedimiento penal a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borrás, como adelantó EL ESPAÑOL, a la vista de los indicios expuestos por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cuando la aforada era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El tribunal designa instructor de la causa al magistrado de la propia Sala II Eduardo de Porres, conforme al turno preestablecido.

El Supremo destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.

El Supremo extiende su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada, sin perjuicio de que el instructor, a la vista del resultado de la investigación, pueda proponer a la Sala lo que considere pertinente.

Los correos adelantados por este diario son algunos de los documentos que incriminan a la portavoz de los diputados de Junts per Catalunya en el Congreso en la adjudicación irregular de contratos a favor de un amigo suyo, según la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.

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"Por cada presupuesto tuyo, yo he de hacer tres más. Con tipografías y formatos diferentes", se puede leer en los mails, escritos por Borràs, en julio de 2014.

De acuerdo con la investigación dirigida por la jueza instructora en Barcelona, Silvia López Mejía, Borràs "fraccionó ilegalmente" los contratos de programación informática del portal del Instituto de las Letras Catalanas (ILC) a favor de su amigo Isaías Herrero, dio una "falsa apariencia" de transparencia al procedimiento de contratación mediante la incorporación a cada contrato de otros tres presupuestos "simulados" utilizando a personas y entidades "comparsas" y el abono de facturas por conceptos "inventados" que Borràs y Herrero iban ajustando en cuanto a sus importes. El importe total de los contratos ascendió a 259.863 euros.