Dmitry Firtash, en Viena (Austria)./

Dmitry Firtash, en Viena (Austria)./ Reuters Reuters

Tribunales

El juez archiva el proceso contra un oligarca ucraniano al que el FBI vincula con la mafia rusa

Varapalo a la Fiscalía Anticorrupción, que pidió la detención de 17 personas y reclamó la extradición de Dmitry Firtash.

Después de cuatro años de investigaciones, el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha decidido el archivo del procedimiento penal abierto contra 17 personas supuestamente vinculadas a un entramado empresarial que habría blanqueado dinero procedente de actividades ilícitas de la organización dirigida por Semion Mogilevich, considerado uno de los máximos responsables de la mafia rusa.

"De lo hasta ahora instruido sólo se desprenden meras sospechas y ningún indicio racional de criminalidad contra ninguno de los investigados", afirma el instructor, Ignacio Sánchez, en una resolución conocida por EL ESPAÑOL.

La decisión supone un serio revés para la Fiscalía Anticorrupción, que presentó la querella que dio origen a las diligencias, pidió las detenciones y prisiones de los investigados (revocadas al cabo de un mes por la Audiencia de Barcelona por la ausencia de indicios suficientes) e instó en noviembre de 2016 la emisión de una orden de arresto y entrega contra el principal implicado, el oligarca ucraniano Dmitry Firtash, residente en Viena. La entrega fue rechazada en agosto de 2017 por la Justicia austriaca.

Firtash, copropietario junto a Gazprom de la empresa RosUkrEnergo (intermediaria en la venta del gas de Asia Central a Ucrania) y muy vinculado al expresidente ucraniano Viktor Yanukovich (a quien ayudó a llegar al poder en 2010 patrocinando al Partido de las Regiones, afín a Rusia), espera actualmente en Viena el desenlace de su batalla jurídica contra la extradición pedida por Estados Unidos, que fue autorizada por el Tribunal Supremo de Austria el pasado junio.

El FBI investiga desde 2008 a Firtash, al que considera "muy próximo" a Mogilevich, lo que él niega. En 2014, un Tribunal del Distrito Norte de Illinois solicitó a Austria su extradición acusándole de sobornar a funcionarios indios a cambio de que le dieran las licencias necesarias para explotar en India minas de titanio, producto que iba a vender a Boeing con beneficios millonarios.

Fianza récord

Detenido en Viena el 12 de marzo de 2014 y puesto en libertad tras pagar una fianza de 125 millones de euros, Firtash ha contratado a un formidable equipo de abogados -del que forma parte Michael Chertoff, exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos- para que evite su extradición a Estados Unidos. Su defensa sostiene que Firtash es víctima de la estrategia de Estados Unidos para contener la influencia de Rusia en Ucrania.

De momento, sus abogados en España, del bufete Business&Law, han logrado el archivo del procedimiento abierto en el Juzgado de Barcelona, en el que los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa le atribuían delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Los defensores pidieron el pasado febrero el archivo de la causa contra Firtash alegando que la orden de detención y entrega instada por los fiscales se limitaba a reproducir las acusaciones del FBI contra él "sin aportar ni un mínimo indicio de actos de control, gestión o supervisión" realizados por el investigado en el seno de la supuesta estructura establecida en España para blanquear fondos del crimen organizado, tal como señalaron los tribunales austriacos al denegar la entrega.

La defensa recordaba que Austria no accedió a enviar a España al empresario al considerar que la imputación se basaba en "consideraciones abstractas sobre sobornos a funcionarios públicos en Ucrania, amenazas, intimidaciones, chantajes y fraude, pero sin aportar detalle alguno sobre la presunta participación de Firtash en dicha organización y, en concreto, sobre el momento de su asociación a ella y para qué concretas actuaciones criminales".

"Las autoridades españolas", concluyeron los tribunales austriacos, "no están en condiciones de ofrecer descripciones estructuradas, precisas y claras sobre los hechos delictivos que, de forma inespecífica, se atribuyen a Firtash, lo que incluye información sobre el momento de ejecución de los delitos imputados y sus circunstancias".

La agenda de los fiscales

En su petición de archivo, los defensores recordaban al juez que en enero de 2018 instaron a que se tomara declaración a Firtash por videoconferencia o por comisión rogatoria, dado que la Justicia austriaca le tiene prohibido abandonar ese país mientras se determina su extradición a Estados Unidos.

Pese al tiempo transcurrido, la diligencia no se ha llevado a cabo. En junio y agosto de 2018 la defensa volvió a insistir en la declaración voluntaria del oligarca ucraniano. En noviembre de 2018, el instructor acordó recabar de la Fiscalía la disponibilidad de fechas para realizar la videconferencia. El juez reiteró la petición dos meses después, sin obtener respuesta.

"No resulta admisible soportar por más tiempo la condición de investigado y, a la vez, la imposibilidad de defenderse. No se puede justificar que siga en este contexto sine die", indicaban los abogados de Firtash en su petición de archivo.

Llamativamente, los fiscales han recurrido el archivo del procedimiento alegando que hay diligencias pendientes de práctica, entre ellas la declaración de Dmitry Firtash.

Argumentan también que la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción aún no ha tenido tiempo de analizar los documentos aportados por otro de los investigados, Stephan Chernovetsky, que han sido determinantes para la decisión judicial de archivar.

Chernovetsky, hijo de un exalcalde de Kiev, defendido por Cristóbal Martell, presentó un informe forensic sobre los fondos invertidos en España en el que se concluye que provienen de la venta del banco Pravex por más de 600 millones de euros.

Un segundo informe, elaborado por Baker&Mckenzie, indicaba que la estructura societaria y financiera de Stephan Chernovetsky "responde a criterios de racionalidad legal y fiscal y ninguna operación puede calificarse como sospechosa".