Monzón y su defensor, Luis Rodríguez Ramos, a punto de entrar en la Audiencia este viernes/

Monzón y su defensor, Luis Rodríguez Ramos, a punto de entrar en la Audiencia este viernes/ Efe

Tribunales CASO PÚNICA

Monzón se sitúa por encima de los pagos de Indra y dice al juez que él se ocupaba de la estrategia

El expresidente de la multinacional limita al plano institucional sus contactos con Esperanza Aguirre, Ignacio González o Granados.

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El presidente no ejecutivo de Prisa, Javier Monzón, se ha desvinculado este viernes del presunto pago de gastos electorales del PP de Madrid por un importe total de 1,13 millones de euros que se habría producido entre 2008 y 2013, cuando presidía Indra.

Monzón, que estuvo al frente de la tecnológica de 1993 a 2015, figura como investigado en el caso Púnica desde el pasado 2 de septiembre, cuando el juez Manuel Garcia-Castellón estimó una petición en ese sentido formulada por la Fiscalía Anticorrupción. 

Según los indicios que han aparecido en el proceso judicial, la empresa Indra (adjudicataria de millonarios contratos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, ICM) habría financiado gastos de las campañas del PP madrileño con fondos que se destinaron formalmente a pagar cursos de formación contratados por la tecnológica a la empresa Formaselect, vinculada a Óscar Sánchez Moyano. Pero esos fondos se transfirieron de inmediato a distintas sociedades de Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz presuntamente para retribuir los trabajos que otra de sus empresas, la consultora Swat, prestó al PP de Madrid para asesorar en la estrategia de comunicación en las campañas.

Indra también habría accedido a petición de ICM a subcontratar en 2012 a la empresa Eioco, de Alejandro de Pedro, que trabajó para el PP de Madrid en las elecciones de 2011 en trabajos de reputación de los cargos públicos del partido en las redes sociales.

Se habría producido, así, un "pago encubierto de facturas" al entramado de empresas utilizado por el PP madrileño para sufragar de forma subrepticia los gastos de las campañas electorales. "El dinero sería desviado a través de los presupuestos inflados de los contratos adjudicados a Indra desde ICM", según la resolución dictada el septiembre por el instructor, según el cual "la pleitesía de Indra tuvo su causa en las adjudicaciones de que fue objeto", en particular su contratación para los procesos electorales de 2007 y 2011

En su primera declaración judicial como investigado, Monzón se ha situado por encima de los contratos que Indra gestionaba. Él se encargaba de la estrategia de negocio de la multinacional y de las relaciones institucionales, pero no supervisaba ni las ofertas ni las operaciones concretas. Fue en ese ámbito estrictamente institucional en el que trató con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y con Ignacio González, Salvador Victoria o Francisco Granados.

El expresidente de Indra ha recordado que en los años objeto de investigación la compañía generaba un volumen de ventas anuales de entre 2.500 y 3.000 millones de euros, tenía 40.000 trabajadores, filiales en 40 países y proyectos en unos 150 tanto con empresas privadas como con administraciones públicas. 

También ha asegurado que la Comunidad Autónoma de Madrid no era un cliente relevante en cuestión de volumen.

La 'caja chica'

En todo caso, ha añadido, él nunca ha autorizado pagos de facturas. Sí ha explicado que en Indra había una caja (la 'caja chica', ha dicho) para anticipos de escasa cuantía, pero la norma era no pagar nada en efectivo.

Los investigadores creen que algunos de los pagos de Indra a proveedores del PP se hicieron en metálico. Sostienen, así, que el exdirector de operaciones de la multinacional Santiago Roura entregó 10.000 euros en un sobre a Alejandro de Pedro en el interior de un vehículo en un aparcamiento de La Moraleja. Roura, que declaró en la Audiencia Nacional el pasado lunes, admitió haberse visto con De Pedro pero negó la entrega de dinero alguno. 

Monzón no ha querido entrar en el papel de sus subordinados, varios de los cuales (Javier de Andrés y José Vicente Gil Ortega, además de Roura) son también investigados. Cuando la fiscal le ha referido esos nombres, el expresidente se ha remitido constantemente a que habría que estar a las normas de la compañía para ver a quién corresponderían las competencias de cada asunto.