Tribunales

La jueza rechaza procesar a excargos del Govern por organización criminal en el referéndum del 1-O

Entiende que carecían de la "infraestructura adecuada par realizar un plan criminal" y que no les unía un "acuerdo asociativo duradero".

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O, ha descartado procesar por presunta organización criminal a 28 investigados en la causa, entre ellos el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; a la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; a los directores de TVC, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA, Martí Patxot, y a excargos del Diplocat.

Así, no ha aceptado esta petición formulada por la Fiscalía en un recurso de reforma al auto de procesamiento, en el que el Ministerio Público solicitaba procesar por organización criminal a cargos y excargos como el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin; el director de Comunicación, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; el exdirector de Diplocat Albert Royo, el exdirector de la delegación de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj, y la exdirectora de Servicios de la Secretaría General de Economía Natàlia Garriga.

En su auto, la magistrada Alejandra Gil descarta finalmente procesar a la exsecretaria general de Gobernación Meritxell Masó; la exjefa del área de procesos electorales Montserrat Vidal y al consejero de la empresa Indugraff Josep Maria Gisbert, tal y como pedía la Fiscalía.La juez que investiga los preparativos del 1-O ha descartado procesar por organización criminal a 28 de la treintena de investigados, entre ellos ex altos cargos del Govern, al entender que carecían de la "infraestructura adecuada par realizar un plan criminal" y que no les unía un "acuerdo asociativo duradero".

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona desestima el recurso de la Fiscalía, que pedía procesar por organización criminal a la mayoría de investigados por la logística del 1-O, y mantiene la fianza de 5,8 millones que impuso a los 17 acusados de malversación.

Noticia en actualización

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