Juan Antonio Toro./

Juan Antonio Toro./ E.E.

Tribunales

Inhabilitado el juez que imputó a José Luis Sáez, expresidente de la Federación de Baloncesto

El TSJ de Justicia de Madrid concluye que cometió una prevaricación imprudente al facilitar a Escañuela, ex presidente de la Federación de Tenis, el proceso contra Sáez.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a tres años de inhabilitación especial para cargo público al magistrado de la Audiencia de Madrid Juan Antonio Toro por un delito de prevaricación imprudente, en concurso con la revelación de secretos, relacionado con la investigación que abrió el expresidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez.

La condena, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, es muy inferior a la que solicitaban el fiscal (15 años de inhabilitación) y la acusación particular , ejercida por Sáez y por el exsecretario general de la FEB Luis Giménez, que reclamaban tres años de prisión. La pena impuesta, no obstante, conlleva la pérdida del cargo  de magistrado.

Toro era titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid cuando abrió unas diligencias contra Sáez y contra su mano derecha, Luis Giménez, por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal, entre otros. Las diligencias se basaban en una auditoría encargada por el Consejo Superior de Deportes que puso de manifiesto el presunto desvío de fondos de la FEB para gastos particulares y familiares, comidas y viajes.

Toro incurrió en prevaricación y revelación de secretos cuando el 23 de enero de 2017 dictó una resolución por la que autorizó la entrega de una copia de las diligencias que instruía contra José Luis Sáez a alguien que no era parte en ese procedimiento: José Luis Escañuela, expresidente de la Federación Española de Tenis (FET).

Escañuela quería utilizar la investigación a Sáez contra el expresidente del Consejo Superior de Deportes Miguel Cardenal. Inhabilitado como directivo de la FET en 2015 después de que el CSD detectara irregularidades en la administración de los fondos de la federación, Escañuela interpuso contra Cardenal una querella finalmente archivada por el propio Toro en noviembre de 2016. El exdirectivo de la FET pretendía usar el contenido de las diligencias contra José Luis Sáez en el recurso de apelación contra ese archivo para tratar de acreditar el trato discriminatorio y desigual entre personas y federaciones que dispensaba el CSD.

La Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid ha llegado a la conclusión de que los hechos objeto de enjuiciamiento exceden lo que pudiera ser una falta disciplinaria de revelación de datos y alcanzan la naturaleza del delito de prevaricación judicial.

Para los magistrados, Toro vulneró el deber legal de reserva o secreto de las actuaciones judiciales penales en la fase de instrucción, por cuanto el contenido de unas diligencias previas se entregó a quien no era parte en ellas y, por lo tanto, conoció lo que no tenía derecho a conocer.

El tribunal considera, sin embargo, que no ha resultado acreditado que Toro actuase del modo en que lo hizo con la intención o voluntad que exige la modalidad dolosa de la prevaricación, en contra de lo que sostenían el fiscal y las acusaciones particulares. De acuerdo con la sentencia, la forma de proceder del magistrado, analizada en su conjunto, es "descuidada, pues se omitieron los más elementales deberes de comprobación y verificación del sustento de lo pedido, del objeto de lo pedido y de las limitaciones que se cernían sobre la solicitud [de Escañuela] por razones de falta de personación".

El nombre del juez Toro salió también a relucir en la investigación abierta por la Audiencia Nacional al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, conocida como Operación Soule.

Toro -que archivó una querella contra Villar por la convocatoria de elecciones a la directiva de la FEF el 2 de enero de 2012, que fue considerada fraudulenta por sus opositores- fue fotografiado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras una comida con el presidente federativo en julio de 2017, una semana antes de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenara la detención de éste, según adelantó el diario El Mundo.

Los investigadores creen que en esa comida, impulsada por el expresidente de la Federación de Fútbol de Madrid Vicente Temprado y el ex secretario de Estado para el Deporte Rafael Cortés Elvira (amigo de Toro), el juez habría ofrecido su ayuda a Villar, lo que el magistrado niega. La UCO interceptó una conversación telefónica entre el entonces presidente de la FEF y Temprado en la que éste afirmaba que Toro "está incondicionalmente a tu disposición".