Pablo Iglesias tras su declaración en la Audiencia Nacional.

Pablo Iglesias tras su declaración en la Audiencia Nacional. Efe

Tribunales CASO VILLAREJO

El Gobierno de Rajoy montó una campaña contra Iglesias con datos del móvil de su asistente

Policías "de confianza" del Gobierno de Rajoy difundieron a medios de comunicación los datos del teléfono robado a Dina Bousselham.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investiga el robo del contenido del teléfono de la jefa de gabinete de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo entre 2014 y 2015, Dina Bousselham, en el caso Villarejo. 

Un robo de datos políticos e íntimos que sirvieron a varios miembros de la Policía Nacional "de confianza" del ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y por tanto del Gobierno de Rajoy a facilitar a algunos periodistas información sensible del candidato de Podemos para desprestigiarle de cara a la formación de Gobierno en 2016. Una situación en la que los escaños de Podemos tenían una importancia clave por la falta de mayorías parlamentarias.

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía han encontrado en los registros al comisario Villarejo, principal investigado del caso Tándem, una copia del contenido del teléfono de Bousselham. De ahí que el juez haya facilitado a Pablo Iglesias personarse en la causa como perjudicado y haya abierto una investigación para saber si Villarejo estuvo detrás del robo y, en caso de ser así, si actuó a instancias de sus superiores del Ministerio de Interior. 

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Precisamente en julio de 2016 el digital okdiario publicó una conversación entre el líder de Podemos y el fundador de dicho partido, Juan Carlos Monedero, en la que el primero afirmaba sobre una conocida periodista que "la azotaría hasta que sangre". Una conversación contenida en el teléfono robado a su jefa de gabinete. El mismo medio publicó también un vídeo del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, cantando una canción obscena que también estaba en dicho teléfono, así como mofas de sus propios compañeros de partido sobre su discapacidad que se compartieron en chats privados de partido. 

Investigaciones prospectivas contra Iglesias

Pero el contenido del móvil de Bousselham no fue lo único que habría utilizado el Gobierno de Rajoy para hacer una campaña de desprestigio contra Pablo Iglesias en 2016. 

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el Ministerio de Interior puso a trabajar a un equipo de policías bajo el mando del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, para que encontraran información negativa sobre Pablo Iglesias y la filtraran a distintos periodistas.

Así, funcionarios públicos de una de las unidades más importantes de la Policía se dedicaron a indagar en sumarios judiciales para ver si el nombre de Pablo Iglesias aparecía mencionado o rastrearon sus relaciones con empresarios y políticos vinculados a Hugo Chávez, presidente de Venezuela. De hecho, llegaron a elaborar el mencionado informe P.I.S.A. (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la presunta financiación irregular de Podemos, que hicieron llegar a redacciones periodísticas sin ningún tipo de membrete o sello oficial. 

Según fuentes conocedoras de aquellas gestiones, otros altos cargos policiales también estaban al tanto de la campaña de propaganda negativa encargada por el Gobierno de Rajoy a los efectivos del Cuerpo. El comisario Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía y también investigado en el caso Villarejo, se reunió con periodistas para tratar los trapos sucios de Pablo Iglesias que perseguía la Policía. 

Precisamente el mismo equipo policial elegido por el Gobierno de Rajoy para seguir los pasos de Iglesias hicieron un seguimiento al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para recuperar documentos en su poder que comprometían a altos cargos de dicho partido. Se trata de la denominada operación Kitchen, que se hizo al margen de la investigación judicial que ya estaba abierta por la presunta financiación irregular del PP y que se pagó con fondos reservados, según investiga también el juez García-Castellón en la Audiencia Nacional.