El magistrado Manuel Marchena preside el tribunal de siete jueces  del caso del procés.

El magistrado Manuel Marchena preside el tribunal de siete jueces del caso del "procés". EFE

Tribunales

La abogada del Estado alude a la "indisoluble unidad de España" y dice que la DUI "afecta a todos"

La Abogacía del Estado se ha estrenado este martes en la primera vista pública de la causa del 'procés' con una cerrada defensa de la competencia del Tribunal Supremo basada en la afectación a toda España de la declaración unilateral de independencia de Cataluña acordada por el Parlament el 27 de octubre de 2017.

A lo largo de cuatro horas y con absoluta normalidad, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha celebrado el debate público de la única cuestión previa al juicio planteada por la defensa de los 18 encartados por la secesión unilateral de Cataluña, acusados de delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia al Tribunal Constitucional.

Los encausados no estaban presentes en la sala ya que la vista de las cuestiones previas no forma parte, estrictamente, del juicio oral. Sus abogados se expresaron -todos ellos en castellano- con el esperado respeto al tribunal para defender que la causa debe ser enviada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque los hechos objeto de acusación se cometieron íntegramente en ese territorio.

Sólo la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, introdujo alegatos extrajurídicos afirmando, sobre la base de artículos periodísticos cuya autoría no citó, que "la cúspide del Poder Judicial es sensible al poder político y al poder económico". "No lo digo yo, lo dice la Prensa", se escudó la letrada, que trató de anudar esa descalificación al Supremo con la, a su parecer, más procedente competencia del TSJC para juzgar el 'procés'.  

"Las reglas de la buena fe procesal rigen para todos", le replicó la abogada del Estado Lucía Pedreño, que consideró que "no es admisible" que, aprovechando un debate sobre la competencia del tribunal, se cuestione su imparcialidad.

Pedreño, que ha sustituido en esta vista al abogado del Estado que ha llevado toda la causa, Edmundo Bal, cesado por el Ministerio de Justicia, se ha expresado en términos de mayor vehemencia que el tono más aséptico del fiscal de Sala Jaime Moreno.

La abogada del Estado sostuvo que los hechos que se juzgan en el 'procés' no se cometieron exclusivamente en Cataluña, citando la creación de un registro de catalanes en el extranjero para que pudieran votar en el referéndum ilegal del 1-O o el pago a observadores internacionales contratados en Bruselas. "Si esos hechos tienen más o menos relevancia o si forman parte de los elementos del tipo delictivo son cuestiones que habrán de dilucidarse en juicio: existen y son suficientes para la competencia del Tribunal Supremo", dijo Pedreño.

"Se dice que otras Comunidades Autónomas tienen registros de ciudadanos en el extranjero", añadió, "pero lo que no han hecho esas otras comunidades autónomas es utilizarlos con fines ilícitos ni en cumplimiento de un plan preestablecido por todo el Gobierno de la Generalitat y en connivencia con parte de la Asamblea para la comisión de delitos y persecución de fines declarados ya ilegales por el TC".

Para la abogada del Estado, "no es ya que los efectos de los hechos delictivos se irradien fuera del territorio de Cataluña sino que la comisión efectiva misma de la conducta delictiva se produce en todo el territorio porque el fin último de esos delitos, sea cual sea su calificación, era conseguirla declaración de independencia de una parte del territorio español y eso afecta a todo el país porque la soberanía del territorio se basa en la indisoluble unidad de la nación española".

En la misma línea, el fiscal subrayó que el objeto del delito de rebelión por el que acusa era derogar la Constitución y declarar la independencia. Lo que ocurrió en Cataluña a lo largo del 'proces' fue "atentado al orden constitucional", dijo, y la declaración unilateral de independencia "se publica en el Diario Oficial de la Generalitat y produce efectos en todo el territorio nacional".

Al finalizar la vista, todos los letrados se acercaron a saludar a los miembros del tribunal.

"La respuesta estatal al delito de rebelión fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que requería la existencia de un atentado grave al interés general", añadió. "El resultado afecta a todo el territorio nacional y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma".

El fiscal enumeró, además, una serie de actos que se realizaron fuera de Cataluña, lo que excedería de la competencia del TSJC. Entre ellos está el sistema de votación en las delegaciones de Cataluña en otros países de la Unión Europea y en Estados Unidos para que los catalanes que viven en esos países pudieran votar el 1-O.

"Votar no es delito", había dicho unos minutos antes el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu van den Eyden. "No se criminaliza el voto ni en el exterior ni en el interior", contestó el fiscal, que explicó que lo que es objeto de acusación es "la actuación de los acusados de establecer ese sistema para recabar y custodiar en el extranjero los votos para un acto que, cuando se hizo, ya había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional"

"Son políticos haciendo política"

Van den Eyden fue el letrado de la defensa que intervino en primer lugar para afirmar que "una crisis es una buena oportunidad para reconducir la causa a un proceso con garantías".

"Es de buena fe establecer las reglas: seré suave en el modo y fuerte en el fondo", anunció el letrado. "Voy a guardar las formas pero voy a tener que decir cosas de fondo con cierto calado. Habrá que hablar de injusticia, de vulneración de derechos fundamentales, de proceso político, de causa general".

El defensor de Junqueras y Romeva expresó su "respeto y admiración por los compañeros de la acusación" -entre los que están los abogados de Vox- "por las defensas, de la Fiscalía y del Abogado del Estado". "No tengo sus años de experiencia", añadió, "pero nunca he estado más convencido que en esta causa: son políticos haciendo política, y no se han seguido las reglas del proceso debido".

Jordi Pina, defensor de los exconsejeros Turull y Rull y del expresidente de Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez, sostuvo que los escritos de acusación no contienen "ni un solo hecho" realizado fuera de la comunidad autónoma de Cataluña constitutivo de los supuestos delitos de rebelión, sedición o malversación.

El letrado sostuvo que los hechos cometidos fuera de Cataluña que se reflejan en los escritos de las acusaciones (la actuación de Diplocat, la campaña para la participación en el referéndum ilegal del 1-O de los catalanes residentes en el extranjero o el pago de observadores internacionales) son "actos preparatorios" que no formarían parte del núcleo de los delitos y que, por ello, no arrastrarían la competencia del caso al Tribunal Supremo.

Pina ha anunciado que, si el tribunal desestima declinar su competencia, los acusados pedirán poder hablar en catalán en el juicio, con traducción simultánea -no consecutiva- al castellano.

Una pulsera amarilla

A excepción de la abogada de Cuixart, los letrados de la defensa ciñeron sus intervenciones a los argumentos técnicos relacionados con la pretensión de que el Supremo decline su jurisdicción. No hubo, así, ninguna alusión a la situación de los encausados presos en Lledoners (Barcelona) que se encuentran en huelga de hambre por, según sostienen, el "bloqueo" por el Tribunal Constitucional de sus recursos de amparo.

Tampoco hubo lazos amarillos que hubieran obligado al tribunal a intervenir. Una letrada, Olga Arderiu, que defiende a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, sí lució en su mano derecha una pulsera de plástico con forma de muelle de color amarillo. 

Al finalizar las intervenciones de las defensas y tras anunciar un receso de la vista, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, pidió al defensor de Joan Josep Nuet, Enrique Leiva, que se acercara a estrados. El letrado fue advertido en privado de que debía adecuar su indumentaria "a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia", tal como establece el Estatuto General de la Abogacía. Leiva vestía bajo la toga una camisa desabrochada que era perfectamente visible. Al reanudarse la sesión el letrado llevaba una corbata que, según admitió, guardaba en su maletín.