Carles Puigdemont, en Alemania./

Carles Puigdemont, en Alemania./ Efe

Tribunales DESAFÍO SECESIONISTA

Las razones del juez Llarena para rechazar la entrega de Puigdemont por malversación

Doce subordinados del 'expresident' se enfrentan hasta a 25 años de prisión, mientras que él sólo podría ser condenado a un máximo de 12.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ha instruido el caso del procés contra Carles Puigdemont, sus consejeros y los miembros de la Mesa del Parlament, podría rechazar la entrega de Puigdemont únicamente por el delito de malversación, tal y como acaba de comunicar el tribunal territorial de Schleswig-Holstein.

El magistrado aún no ha recibido la comunicación oficial con la decisión del Tribunal alemán. Cuando lo haga, deberá dirigirse a la fiscal jefe de Schleswig-Holstein (su homóloga en Alemania) y manifestarle si acepta o no la extradición del expresidente catalán para que sea juzgado en España por malversación.

Pablo Llarena ha concluído esta misma semana la causa y ha declarado en rebeldía a los procesados fugados así como ha suspendido cautelarmente de sus funciones a Puigdemont y a otros cinco diputados al haber un procesamiento firme por rebelión.

La Fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont

"Alzamiento torticero" 

Sería ilógico que los otros 12 procesados por rebelión de la causa se sentaran en el banquillo por rebelión -delito penado con hasta 25 años de cárcel si no se han utilizado armas- y Puigdemont lo hiciera sólo por malversación, cuya máxima pena de prisión serían 12 años en caso de ser delito agravado. Él era el presidente catalán, el máximo responsable del Govern y, por tanto, también habría sido el máximo alentador del recorrido ilegal con el fin de conseguir la independencia de Cataluña y romper así el orden constitucional.

No solo el juez Llarena, sino también la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera "suficientemente razonable" calificar los hechos como delito de rebelión porque existió "un alzamiento" con un uso "torticero" del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley, según el auto en el que la Sala rechazaba los recursos de apelación de 15 procesados. 

Mensajes del Supremo a Alemania

Los esfuerzos del Tribunal Supremo en los últimos meses -tanto del magistrado Llarena como de la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal- por hacer entender a la Justicia alemana que los hechos son constitutivos de un delito de rebelión, avanzan cuál podría ser su próximo paso: rechazar la entrega por dicho delito.

Por un lado, Pablo Llarena envió una carta a la fiscal jefe de Schleswig-Holstein en la que explicaba que el auto de procesamiento es equiparable a una orden de detención. De ahí que considerara "contrario al principio de confianza recíproca" que se valore la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español, discrepando de la naturaleza que el propio Tribunal Supremo ha informado que tienen. 

Por otro lado, los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro de la Sala de lo Penal del Supremo también se dirigieron al tribunal alemán para explicarle con claridad por qué se ha dado un delito de rebelión en nuestro país: "Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales", recalcaron los magistrados.

Afearon a los jueces alemanes que se comparase el procés que se juzga en España con unas protestas organizadas en su día contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt y aclararon que el sustento del delito de rebelión puede aquilatarse a las distintas legislaciones europeas ya que, básicamente, es atribuible a aquellos que "en lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estado tratan de desconectar o desgajar del Estado español las instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían".