Sánchez Melgar, en una de sus comparecencias en el Congreso./

Sánchez Melgar, en una de sus comparecencias en el Congreso./ Ep

Tribunales

El nuevo fiscal general, que tendrá en su mano la acusación a Puigdemont, una de las primeras decisiones

El actual fiscal general debe dejar el puesto automáticamente cuando cesa el Gobierno que le nombró. Sánchez Melgar sólo ha ejercido seis meses.

El cese del Gobierno de Mariano Rajoy conllevará el cese automático como fiscal general del Estado de Julián Sánchez Melgar, nombrado para el cargo el pasado 7 de diciembre.

Así lo dispone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según el cual el fiscal general cesa "cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto", aunque no haya terminado el mandato ordinario de cuatro años que el estatuto establece.

La norma prevé que el fiscal general pueda ser renovado sólo en el supuesto de que haya ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años, como es el caso de Sánchez Melgar, aunque es improbable que el nuevo Gobierno socialista lo mantenga en un puesto del que dependen, entre otras decisiones, la determinación de las acusaciones en los procesos de corrupción que están abiertos, desde el juicio de los ERE que se celebra en la actualidad contra los exgobernantes socialistas de Andalucía hasta el caso de los papeles de Bárcenas que afecta al PP.

Del fiscal general depende también el impulso de la causa contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros que han sido procesados por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.

Los dos fiscales generales que ha nombrado el PP en esta legislatura (el fallecido José Manuel Maza y Sánchez Melgar) han mantenido una línea dura en los procesos judiciales relacionados con la imposición unilateral de la independencia de Cataluña. Pero el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha sido gracias a los votos imprescindibles de los diputados del PDCat, partido que puede aspirar a que se introduzcan cambios en la línea acusatoria.

Esto puede ser una fuente de problemas. Los fiscales de Sala encargados de la causa que instruye el magistrado Pablo Llarena están convencidos de la procedencia jurídica de la acusación por rebelión, por lo que si el nuevo fiscal general pretendiera suavizar ese criterio generaría seguros desacuerdos.

Por su parte, Sánchez Melgar es magistrado de la Sala Penal del Supremo, por lo que es previsible que vuelva a su destino.