Cristóbal Montoro./

Cristóbal Montoro./ Efe

Tribunales

El juez Llarena requiere a Montoro para que explique por qué afirma que no se usó dinero público el 1-O

El instructor del Supremo sostiene que esas manifestaciones del ministro "contradicen" las pruebas recogidas en la investigación.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, deberá explicar "a la mayor brevedad posible" por qué ha afirmado que la Generalitat no destinó dinero público a financiar el referéndum ilegal del 1-O. 

En una resolución dictada este miércoles, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena requiere al ministro a que explique "el concreto soporte objetivo" por el que ha dicho, en unas declaraciones al diario El Mundo el pasado lunes, que no se emplearon fondos públicos en la votación del 1-O. Una afirmación que "contradice las fuentes de prueba recogidas en esta instrucción".

"Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", ha sostenido Montoro. Sus manifestaciones han sido esgrimidas esta semana por los exconsejeros catalanes procesados por Llarena para negar el delito de malversación que se les imputa.

Antes que Montoro, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó el pasado 7 de febrero en el Congreso de los Diputados, al ser interpelado por el dirigente de Ciudadanos Albert Rivera, que "ni un solo euro" del Fondo de Liquidez Autonómica se ha destinado a costear los gastos de la votación ilegal del 1-O.

Rajoy niega que el 1-O se financiara con fondos públicos

La providencia del magistrado señala que "habiéndose objetado por varios de los procesados en sus declaraciones indagatorias celebradas los días 17 y 18 de abril de 2018 la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros, y fundado sus alegatos en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2.017, lo que contradice las fuentes de prueba recogidas en esta instrucción, requiérase al excmo. sr. ministro de Hacienda, Cristóbal Ricardo Montoro Romero, a fin de que informe, a la mayor brevedad posible, sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones".

Llarena ha reclamado a la Justicia alemana la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont basándose, entre otros argumentos, en su presunta responsabilidad en el empleo de 1,6 millones de euros en gastos del 1-O. Por ese mismo cargo, además de rebelión, ha pedido la entrega de Clara Ponsatí al Reino Unido y de Antonio Comin, Lluis Puig y Meritxell Serret a Bélgica. También están procesados por malversación los otros nueve exconsejeros de Puigdmont: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó y Santiago Vila.

De acuerdo con el auto de procesamiento, los gastos públicos que "necesariamente habían de realizarse o comprometerse" para la realización del referéndum iegal del 1-O ascendían a 1,6 millones de euros: 224.834 euros de la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión del voto; 277.804 euros relativos a la campaña de publicidad y difusión de la convocatoria; 979.661 euros en materia de suministro de papeletas, censo electoral y citaciones de los miembros de mesas electorales; y 199.700 euros por la participación de observadores internacionales.

No obstante, la investigación sobre los fondos públicos presuntamente destinados al proceso separatista no está terminada. El pasado 20 de marzo, el instructor del Supremo abrió una pieza separada para que la Guardia Civil aportara más datos sobre esta imputación.

Por su parte, la Justicia alemana también ha cuestionado este cargo. En una resolución dictada el pasado día 5, por la que dejó en libertad bajo fianza de 75.000 euros a Puigdemont, el Tribunal de Tribunal Regional de Schleswig-Holstein manifestó que no tenía claro si el pago de 1,6 millones mencionado por Llarena había sido efectivamente satisfecho y dejaba en el aire la entrega del expresidente catalán a España.