Un bombero en la Fiscalía

Las bases del procedimiento penal contra los exmiembros del Gobierno de Puigdemont y Mesa del Parlament ya están enmarcadas por las querellas que firmó su antecesor y amigo, José Manuel Maza, y por las decisiones del instructor del Supremo, Pablo Llarena, con el que ha trabajado en la Sala Penal durante los últimos veintidós meses.

Pero Sánchez Melgar va a tener que sacar adelante las fases más duras y decisivas: la instrucción y el enjuiciamiento de una causa por rebelión que supone un auténtico desafío no sólo por su trascendencia para el futuro de España como nación sino también para el Derecho. Estamos ante un golpe de Estado moderno que no se perpetra con armas y al asalto sino a través del ciberespacio y con bitcoins, de modo que no sirve la interpretación tradicional de elementos del tipo penal como 'alzamiento' o 'violencia'.

El nuevo fiscal general fue uno de los cinco magistrados que admitió a trámite la querella de Maza contra Carme Forcadell y cinco exmiembros de la Mesa del Parlament y, como los demás integrantes del tribunal, tiene claro que un aspecto de importancia capital es que esta causa no se eternice.

El plazo que baraja la Sala es ir a juicio en primavera, un objetivo que puede complicarse en función de los límites que se pongan o no a la instrucción, de la extensión del banquillo -que, con 22 investigados, se queda cerca de la cifra récord alcanzada por el proceso a los 23 miembros de la mesa de Batasuna; en cualquier caso un volumen impropio de un órgano no pensado para instruir- y del tiempo que las autoridades belgas tarden en decidir sobre Puigdemont y el resto de valientes que huyeron a Bruselas.

En mi opinión, es un acierto que el Gobierno haya optado por un candidato de perfil técnico que conoce perfectamente la complejidad de una causa judicial de tan extraordinaria relevancia y que ha acreditado tener sentido de Estado. Por algo ha sido ininterrumpidamente juez de control del servicio secreto, el CNI, desde la creación de esa figura en 2004.

El aval del Centro Nacional de Inteligencia, controlado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, ha sido un factor favorable a Sánchez Melgar. Su nombre era el primero de los cuatro que figuraban en la lista final que el ministro de Justicia transmitió a Rajoy. Estaba ordenada por orden de preferencia.

Rafael Catalá consultó con altos cargos del Poder Judicial que tienen el mejor conocimiento de las dos casas, la Fiscalía y el Supremo, y que sugirieron el nombre de Miguel Colmenero, un excelente magistrado que llegó al TS desde el Ministerio Público y con auctoritas suficiente para cuadrar a los más díscolos de Fortuny.

Pero Catalá cree que va a tener una interlocución más cercana con Melgar, un hombre de trato afable y bondadoso y al que precisamente lo que le puede faltar es un punto de dureza y, sobre todo, una buena coraza para hacer frente a las críticas, aseguradas en un puesto conocido en el mundo judicial como 'la parrilla de San Lorenzo'. Seamos optimistas; al fin y al cabo, Sánchez Melgar tiene experiencia con el fuego.

Por el camino se han vuelto a quedar dos aspirantes que ya optaron a la Fiscalía General cuando el Ejecutivo eligió a Maza: el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el vocal del Consejo General del Poder Judicial Fernando Grande-Marlaska.

Estaban también incluidos en la lista de Catalá y especialmente el primero tuvo muchas opciones. Ambos hubieran transmitido una imagen de modernización y renovación de la Fiscalía pero tenían el handicap de la falta de 'galones', sin duda necesarios para dirigir la Junta de Fiscales de Sala.

En el caso de Marlaska, además, en el Gobierno tuvieron presente su falta de control de la Sala Penal de la Audiencia Nacional cuando fue presidente de este órgano, en el que frecuentemente magistrados de izquierdas de la potencia de Ramón Sáez o José Ricardo de Prada lograban imponer su criterio.

Hubo otros nombres. Rajoy preguntó a Catalá por el letrado y ex juez del Supremo Adolfo Prego, apoyado por sectores del PP y del Gobierno. Pronto se convino en que el abogado de Cospedal no podía ser promovido a fiscal general del Estado. También se valoraron los perfiles del expresidente de la Sala Penal Juan Saavedra, que hubiera suscitado el consenso con el PSOE, o de otros magistrados de esa Sala como Antonio del Moral.

Si se fijan, todos esos candidatos eran jueces. En la Fiscalía se preguntan si ninguno de los suyos tiene méritos suficientes para ser fiscal general. Curiosamente, desde 1978 ha habido más responsables del Ministerio Público procedentes de la Judicatura que de la Fiscalía. De los 14 fiscales generales de la democracia, tres eran abogados, cinco fiscales y seis jueces. Catalá prefiere a estos últimos, carentes de condicionamientos corporativos.

No obstante, hubieran tenido muchas opciones fiscales de Sala de la categoría de Jaime Moreno si hubieran querido el cargo, lo que no sucedió. También se barajaron los nombres de los fiscales superiores de Canarias y Castilla-La Mancha, Vicente Garrido y José Martínez. Catalá tenía especial empeño en encontrar una mujer y pensó en Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria. Pero de nuevo faltaban los 'galones'.