Suponga que está usted en un país en el que el Gobierno decide dar permisos masivos a 200 presos condenados a penas de hasta 10 años de cárcel porque, debido a las huelgas de los funcionarios de prisiones llevadas a cabo de forma constante durante los últimos años, las autoridades penitenciarias no están en condiciones de garantizar los servicios mínimos vitales para las personas privadas de libertad.

Suponga que la situación de riesgo para los presos, los conflictos y la tensión que se viven durante esas huelgas en los establecimientos penitenciarios son tales que las autoridades de ese mismo país deciden desplegar al Ejército para que se haga cargo de la custodia de los centros. Los internos permanecen la mayor parte del tiempo encerrados en sus celdas, sin poder disfrutar de las horas de patio, sin realizar talleres o actividades, con suspensión de las visitas (incluidas las de sus abogados) y recibiendo una sola comida al día. Tampoco pueden ducharse y no se les entrega ropa limpia. La última vez estuvieron así durante dos meses seguidos, entre mayo y junio de 2016.