La Fiscalía incluiría en la querella a la Mesa del Parlament si tramita la DUI

La Fiscalía tiene a punto su querella por rebelión para el caso de que se proclame la independencia de forma unilateral y solo espera a ver quién participa en esa declaración para determinar a quien afectará la acción penal, que está preparada para ser interpuesta ante la Sala Penal del Supremo.

Es el mismo tribunal que inhabilitó al exconsejero Francesc Homs por promover la consulta del 9N. El borrador de la querella incluye ya a Carles Puigdemont como cabeza del Govern y máximo responsable del ilegal plan de secesión.

También puede afectar en distinto grado a los miembros del Gobierno catalán e incluiría a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la mesa que propicien la tramitación de la DUI.

En este caso ya no se trata de meras inhabilitaciones y ni siquiera de la pena de presión que conlleva la eventual malversación fondos públicos, delitos por los que todos ellos tienen interpuestas ya querellas ante el Tribunal Superior de Cataluña, sino de un delito que puede tenerles en prisión un mínimo de 15 años.

La Fiscalía General del Estado tiene ultimada una querella por rebelión contra Carles Puigdemont para el supuesto de que declare la independencia de Cataluña. La querella se presentaría ante la Sala Segunda del Supremo e incluye la petición de detención inmediata e ingreso en prisión del presidente de la Generalitat.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal de los miembros del Ejecutivo catalán es exigible ante la Sala Penal del Supremo.

Los expertos de la Fiscalía General no encuentran dificultades en sostener que a lo largo del proceso secesionista se han perpetrado fuera de Cataluña numerosos actos delictivos, desde la organización del 'censo' de catalanes residentes fuera de España para que votasen el 1-O hasta la implementación de webs en servidores de países extranjeros al servicio del referéndum, pasando por la promoción del independentismo en el exterior con cargo a fondos públicos.

La aplicación de esa disposición del Estatuto permitiría llevar la querella a la Sala Penal del Supremo, que preside Manuel Marchena, en vez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, órgano del que se quiere alejar la presión que supone estar en el mismo territorio donde se encuentran todas las estructuras del proceso independentista.

La querella se extendería también a los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament en la medida en que tengan una participación activa o determinante en la declaración de independencia.